- Aumentó en este sexenio la cifra de mexicanos en pobreza extrema.
- Para afrontar emergencias, el gobierno entrante podría recurrir a las reservas del Banco de México, que ascienden a 230 mil millones de dólares.
Pascacio Taboada Cortina.
México se encuentra inmerso en una situación de incertidumbre política, social y económica en el corto y mediano plazo, por efecto de un cambio de gobierno. En apariencia, el próximo “relevo de estafeta” no tendría la menor importancia, si no fuera por la baja notable del movimiento de capitales, una inflación “galopante”, devaluación del peso frente al dólar y otras monedas; escasez de alimentos básicos y una pobreza social creciente que preocupa a más del 50 por ciento de los mexicanos.
A estas circunstancias, hay que añadir los efectos del monopolio de Morena en el gobierno, el enfrentamiento con partidos de oposición y organizaciones empresariales, debido en gran medida a un carácter meramente caprichoso del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador.
El hombre, que encabezó “mil batallas” contra gobiernos anteriores en pos de la Presidencia de México, se resiste ahora a “dejar el poder”, sin reflexionar que, a un mes de cumplir su sexenio, “debería tener conciencia de que dejará la Silla Presidencial, llueva o truene”, junto con el apodo de “agitador callejero”. Lo que sigue, es retirarse a su rancho, “cabizbajo y meditabundo”, por no poder enfrentar, con argumentos válidos, al “país más poderoso del mundo”.
El mandatario prefiere avanzar en un esquema social distinto al de sus antecesores, ahora de corte socialista, similar a lo que ha ocurrido en varios países de América Latina, con resultados funestos para los pueblos, como ocurre actualmente en Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde gobiernan dictadores de hecho, o Brasil, Colombia y Chile, con una tendencia “moderada” hacia ese esquema.
De Bolivia, sólo sabemos que “está entre la espada y la pared”, mientras Evo Morales, “asesor personal de ya saben quién”, “siga vivo” con su ideología y recomendación de elegir a jueces, magistrados y ministros”, por la vía de las “urnas populares”. Sí, es la voz del pueblo real, porque “no creemos que encierren a los narcos, a los pillos y defraudadores sociales”.
Casi al “cuarto para las doce” –le faltan escasos 30 días para que culmine su periodo de gobierno—el presidente López Obrador emprendió una serie de 20 iniciativas de Ley de la Constitución Política de México. Lo sobresaliente de estas medidas, consiste en una reforma integral del Poder Judicial de la Federación.
La pregunta lógica: ¿Por qué no las propuso al Congreso de la Unión durante los seis años anteriores? La respuesta es sencilla: necesitaba mayoría calificada de ambas cámaras del Congreso, de manera que esperó a que la “bomba explotara” después de las elecciones federales. Así, el gobierno y su partido, “pudieron comprar diputados y senadores a sus anchas” para lograr esa meta.
Estas reformas constitucionales “de suma rapidez”, han despertado inquietud “entre los conocedores”, por falta de seguridad en cuanto a Inversión Extranjera Directa y a los inversionistas mexicanos, porque esa “actitud” del mandatario, la han calificado como “plan con maña”. Esto es, esperó a que hubiera elecciones y que su partido, MORENA, ganara, para lograr “mayoría calificada” en el Congreso y “poder hacer su voluntad”.
Lo que a los mexicanos en general nos espera en los próximos años, es crecimiento de la pobreza, más endeudamiento de México con las instituciones financieras internacionales, endeudamiento interno, reducción del PIB (Producto Interno Bruto).
Si estos elementos económicos se agravan, podría el gobierno “echar mano de otros recursos”, para solventar “emergencias”. Así, para tener liquidez monetaria, el gobierno entrante podría recurrir al “secuestro” de 230 mil millones de dólares que tiene como reservas el Banco de México.
