Jesús M. Moreno Mejía.
“No hagas cosas malas
que parezcan buenas.”
Dicho popular.
El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, manejó recientemente la probable privatización del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (SIMAS), con la supuesta finalidad de garantizar el servicio de agua potable en la ciudad, así como resolver el problema de una deuda de 240 millones de pesos, amén de tener 800 millones de pesos pendientes de ingreso por cuentas vencidas (que fueron “perdonadas” con fines electorales).
Lo anterior dio origen a una marcada inquietud ciudadana, pues al privatizarse dicha empresa municipal descentralizada representaría una amenaza al derecho que tienen los consumidores para obtener agua potable a bajo costo, pues al convertirse al SIMAS en un servicio privado con cuotas que de seguro se elevarían más allá de lo acostumbrado a la fecha.
Visto el temor de la gente por la posible privatización del SIMAS, el edil aclaró que también existen otras alternativas, pues podría recurrirse a un préstamo bancario o bien la implementación de un modelo público-privado a fin de estabilizar las operaciones, insistiendo que no se trata de privatizar el servicio como tal, sino encontrar un mecanismo que le permita al organismo continuar en el proceso de mejora al problema ($$$) que afronta.
Considerando la situación, el fundador del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos, Miguel Ángel Hernández Muñiz (según advierte en reciente entrevista concedida a la revista “Voces Nómadas”), una privatización, sea total o parcial, podría afectar económicamente a los más necesitados en su derecho de tener acceso al servicio de agua potable.
De acuerdo a las declaraciones hechas por Hernández Muñiz, indicó que en toda la Comarca Lagunera, “los sistemas de agua han enfrentado problemas estructurales por décadas, significando ello que el sistema público en el caso del SIMAS no ha podido ser eficiente, pues no ha habido la voluntad política y los recursos necesarios para lograrlo”.
Añadió que “una privatización significa una salida fácil, un recurso desesperado que no aborda las verdaderas causas del problema, como la corrupción, la mala administración y falta de inversión en infraestructura.” Por ejemplo, dijo Hernández Muñiz, la empresa Aguas de Saltillo (AGSAL), es un modelo público-privado, que ha sido alabada por su eficiencia, pero con tarifas sumamente elevadas, mientras que, por otra parte, el acceso al agua a las comunidades más pobres es, y ha sido, un desafío constante.
“Ya apareció el peine”
La Universidad de Guadalajara, publica en su página de internet, una reveladora información sobre el caso antes mencionado, cuyo encabezado señala: “La millonaria deuda que arrastra Torreón tras la corrupción e irregularidades exhibidas entre SIMAS y Ecoagua.”
Su fuente informativa es la revista “Reporte Índigo”, indicando que existe un conflicto legal y una serie de irregularidades en el sistema de aguas residuales (Ecoagua), que dejaron un boquete millonario al municipio de Torreón, por lo que ahora tendrá que disponer de recursos públicos para liquidar una deuda que heredó uno de los funcionarios adscritos a la pasada administración de Miguel A. Riquelme.
Aclara que en Torreón el tratamiento de aguas residuales cuenta con una millonada de pesos, siendo la empresa Ecoagua quien se encarga de dicho proceso, pues hace años ganó la concesión y desde 2003 sanea las aguas residuales de la ciudad, pero durante la gestión de Miguel A. Riquelme SIMAS decidió retirar la concesión sin dar mayores explicaciones, cuando le faltaban siete años por expirar.
Era entonces el gerente general del SIMAS, Xavier Herrera Arroyo, el que rescindió de manera polémica el contrato de Ecoagua en 2015, lo que originó un litigio millonario en contra de las arcas municipales, no obstante que el propio gerente había firmado un reconocimiento de deuda a esa empresa, cuya suma era de más de 160 millones de pesos, por la falta de pago de la contraprestación correspondiente al tratamiento de aguas residuales.
El litigio legal resultó una pérdida para Torreón en agosto de 2022, con una condena a pagar 600 millones de pesos a Ecoagua, cuya suma se ha tratado de negociar a pagar en un plazo de 300 a 600 meses. A lo anterior habrá que agregar que el municipio de Torreón ha tenido que desembolsar, cerca de 45 millones de pesos por concepto de honorarios legales a la firma Nasser y Nasser Asociados, cuyo despacho fue contratado para defender los intereses del Ayuntamiento en dicho proceso. También se suman quejas y denuncias por presunto enriquecimiento ilícito de Xavier Herrera durante su gestión en el Simas, por la adquisición de bienes inmuebles.
De lo anterior, amable lector. ¿Usted qué opina?
¡Hasta la próxima!
