Samuel Cepeda Tovar.
Se trata de un proceso de simplificación orgánica dentro de la administración pública en su vertiente de órganos autónomos; la idea de la reforma es desaparecer siete organismos autónomos federales y, consecuentemente, sus homólogos en las entidades federativas. Se trata del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu); la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Es imposible en este breve espacio desglosar las aportaciones que estos órganos autónomos han realizado al fortalecimiento de nuestro sistema político; así como también los escándalos en los que se han inmiscuido, sin embargo, si algo nos queda claro es que ámbitos tan importantes como la transparencia y el acceso a la información no serían posibles sin la autonomía de organismos como el INAI; y gracias a este último se han destapado miles de casos de corrupción y han empoderado a los ciudadanos al volverlos vigilantes de las cuestiones públicas; algo que dista mucho de ser posible si sus funciones se trasladan a la secretaría de la función pública y las contralorías del congreso de la unión como se pretende hacer. Es decir, el gobierno no puede ser juez y parte en este tipo de temas que empoderan a la ciudadanía y contribuyen al fortalecimiento de nuestra democracia.
Otro ejemplo es la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía al pretender trasladar sus funciones a la secretaría de Energía, lo cual vuelve al gobierno juez y parte en la asignación de tarifas de energía eléctrica lo que vuelve susceptible este procedimiento de actos de favoritismo al desaparecer esta comisión. Situaciones similares, pero con los demás organismos que en total son siete y que tienen ya sus días contados son bastante cuestionables en cuanto a su desaparición.
Los argumentos del gobierno es que duplican funciones y que representan una carga bastante onerosa para el erario público bajo el argumento central del dictamen de que los entes públicos ajusten sus estructuras orgánicas y ocupacionales, de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana. El dinero ahorrado será destinado al fondo de ahorro de pensiones para el bienestar. No puedo asegurar que un órgano es mejor o más importante que otro, pero me preocupa que el gobierno asuma funciones que supervisen su propio desempeño, como sucede con la Coneval y Mejoraedu al mismo tiempo que monopoliza el acceso a la información.
Tal vez una reforma que adelgazara la burocracia y redujera los sueldos en estos organismos sería lo idóneo, pero la iniciativa va en marcha y no existe oposición que pueda frenarla, esperemos, pues, que no sea un retroceso democrático que termine generando corrupción a largo plazo y suprimiendo derechos ciudadanos que tantos años ha tomado conseguir.
