Virgilio Rafael González Guajardo.
En estos tiempos de incertidumbre y desilusión, no podemos ignorar la creciente falta de estadistas en la vida pública de nuestro país. Los estadistas, esos hombres y mujeres con la capacidad, la visión y la generosidad necesarias para guiar a la nación hacia un futuro próspero, parecen ser una especie en peligro de extinción en México. Coahuila, al igual que el resto de la república, se encuentra huérfano de líderes que verdaderamente comprendan el arte de gobernar con un sentido de responsabilidad y compromiso histórico.
En este contexto, surge una figura que desafía la mediocridad imperante: Oscar Pimentel. Un hombre brillante y generoso, cuya mente prodigiosa ha concebido estrategias y tácticas capaces de generar las condiciones para un México grande. Pimentel no solo destaca por su capacidad intelectual, sino también por su visión de futuro y su profundo compromiso con el bienestar de los ciudadanos. Su liderazgo es un recordatorio de lo que nuestra república podría alcanzar si estuviera en manos de verdaderos estadistas.
Por desgracia, el lado oscuro de nuestra realidad política nos enfrenta a una clase legislativa que parece haber olvidado su papel fundamental.
Los diputados y senadores de Morena, en su gran mayoría, han demostrado una desconexión alarmante con la ciudadanía y una ignorancia preocupante respecto a su obligación de proteger y acrecentar los derechos de los mexicanos. Cada día, somos testigos de nuevas privaciones a nuestras libertades, mientras los legisladores demuestran un desconocimiento flagrante de la Constitución que juraron defender. Su preparación académica, en muchos casos nula, y su falta de compromiso son evidencias de un sistema que prioriza la lealtad partidista por encima de la competencia y la capacidad.
Es aún más preocupante su inclinación por aprobar, sin el más mínimo escrutinio, las propuestas de ley enviadas desde el Ejecutivo con carácter de aprobación inmediata y obligatoria. Estas acciones, realizadas sin siquiera una lectura previa, reflejan un desdén hacia el impacto que dichas leyes tienen en la vida de los mexicanos. Esta sumisión legislativa no solo daña a nuestra democracia, sino que también perpetúa un ciclo de ignorancia y negligencia que amenaza con desmantelar las bases de nuestra república.
Además, su deformación del idioma, influenciada por ideologías mal entendidas de un feminismo radical, ha llevado a acciones y propuestas que carecen de profundidad y dignidad. La pobreza de su pensamiento y el comportamiento indigno de muchos de estos legisladores reflejan una crisis de representación que afecta a toda la nación. Los ciudadanos nos encontramos sin voz ni respaldo en quienes deberían ser nuestros defensores más acérrimos.
La presidencia, lejos de ser un bastión de liderazgo, también ha fallado en su compromiso con la nación. Junto con los legisladores improvisados de Morena, el gobierno actual parece estar más interesado en perpetuar una agenda que favorece la corrupción y el crimen organizado que en garantizar el bienestar de sus representados a quienes llaman pueblo. Esta complicidad ha alcanzado incluso a miembros de nuestras Fuerzas Armadas, mancillando el honor de una institución que siempre ha sido un pilar de nuestra identidad nacional.
Ante esta tragedia, la abulia de millones de mexicanos es igualmente alarmante. No podemos esperar que un extranjero venga a rescatarnos de nuestra propia irresponsabilidad cívica.
El futuro de México depende de nuestra capacidad para cambiar el sistema de gobierno y rescatar los valores y principios que una vez hicieron grande a nuestra república. Debemos exigir un gobierno que proteja nuestros derechos, promueva la justicia y cree las condiciones para que cada mexicano pueda prosperar por sus propios medios.
Por el honor de México y el futuro de nuestros hijos, es imperativo que los ciudadanos asumamos nuestra responsabilidad histórica. Debemos reclamar el control de nuestra república, desterrar la corrupción y reconstruir un sistema que priorice el bienestar de la nación. Solo entonces podremos aspirar a un México que esté a la altura de su potencial y que inspire a las generaciones futuras a luchar por un país más justo, próspero y digno.
La complicidad del gobierno de Morena con el crimen organizado
La situación política y social en México ha llegado a un punto crítico donde la complicidad entre el gobierno de Morena y el crimen organizado es cada vez más evidente. Esta alianza ha permitido que individuos vinculados a actividades delictivas sean otorgados cargos públicos, protegiéndolos bajo el amparo del fuero político. Este mecanismo, que originalmente debería garantizar la independencia y la protección de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, se ha convertido en un escudo para aquellos que buscan evadir la justicia.
La promesa de un combate frontal al narcotráfico ha sido, en la práctica, un discurso vacío. Las acciones gubernamentales no reflejan una estrategia genuina para enfrentar este flagelo, sino más bien una postura reactiva dictada por presiones externas. En este contexto, es importante subrayar que los recientes esfuerzos por combatir al narcotráfico no surgen de una iniciativa propia de la presidencia de la república, sino como resultado de las amenazas y exigencias provenientes del presidente electo estadounidense Donald Trump. Estas presiones, lejos de obedecer a un compromiso del gobierno mexicano con la seguridad de sus ciudadanos, buscan evitar sanciones económicas y políticas impuestas por el vecino del norte.
El crimen organizado, fortalecido por esta red de complicidades, ha penetrado las instituciones más importantes del país. La corrupción sistemática y la falta de voluntad política para enfrentar estas amenazas han llevado a una crisis de confianza en el gobierno. Esta situación no solo erosiona el estado de derecho, sino que también afecta profundamente a las comunidades más vulnerables, que se convierten en rehenes de la violencia y la impunidad.
La actuación gubernamental también pone en entredicho la integridad de nuestras Fuerzas Armadas, que se han visto envueltas en situaciones comprometedoras debido a la injerencia de intereses criminales en la toma de decisiones. La confianza en estas instituciones, históricamente consideradas pilares de la seguridad nacional, se ve debilitada por las acusaciones de complicidad y corrupción.
Para reconstruir la confianza ciudadana y garantizar el bienestar de la población, es imprescindible un cambio de rumbo. Es necesario que el gobierno deje de servir como un instrumento del crimen organizado y asuma un compromiso real con el combate a la corrupción y la protección de los derechos humanos. Este cambio no solo debe ser impulsado desde el poder político, sino también por una sociedad civil activa y exigente, dispuesta a luchar por un futuro más justo y seguro para todos los mexicanos.
¿Qué deseamos los mexicanos?
Los mexicanos anhelamos un país donde la justicia y la seguridad sean una realidad palpable y no solo un discurso vacío. Queremos que el combate a la delincuencia sea auténtico, firme y eficaz, sin simulaciones ni concesiones a quienes violentan la paz social. Deseamos que aquellos que infringen la ley sean desarmados, pues su violencia afecta nuestras comunidades, y rechazamos medidas que pretendan desarmar a los ciudadanos honestos, quienes tienen el legítimo derecho y obligación de proteger su integridad, vida, familia y patrimonio.
Anhelamos que nuestras libertades, aquellas que hemos ganado con esfuerzo y dedicación como ciudadanos que vivimos de manera honesta, sean respetadas, fortalecidas y ampliadas. Estas libertades no deben ser limitadas ni puestas en riesgo por intereses particulares o políticas que comprometan los derechos fundamentales de las personas.
Queremos ser representados de manera digna por quienes recibieron nuestro voto. Exigimos que los tres poderes de la unión; el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, estén integrados por personas altamente capacitadas y con verdadera experiencia en sus campos, sin importar si son todos mujeres o sin son todos hombres, la equidad de género ha llevado a México al fracaso… Estos poderes deben actuar con independencia, libertad y soberanía, sin someterse a las órdenes o intereses de otro poder, preservando el equilibrio necesario para garantizar una democracia funcional y justa.
En esencia, los mexicanos deseamos un país donde las instituciones funcionen para el bienestar colectivo, donde la justicia prevalezca y donde nuestras libertades sean la base para un desarrollo armónico. Aspiramos a vivir en un México más seguro, justo y libre, en el que todos podamos prosperar con dignidad y paz.
