José Guadalupe Robledo Guerrero.
Se ha cumplido el primer año de gobierno de Manolo Jiménez Salinas con una gestión y trabajo bien calificado por la ciudadanía y realizado en todas las regiones del estado, incluso encuestas nacionales lo colocan como uno de los gobernadores con mayor aprobación ciudadana; sin embargo, hay una institución que sigue sin mejorar su gestión ni resolver sus problemas, y aunque es autónoma, por su alto nivel de corrupción e ineficacia representa un riesgo de gobernabilidad en el estado: la Universidad Autónoma de Coahuila al mando del rector Octavio Pimentel Martínez, que no sólo no ha mejorado en los aspectos académico, financiero, transparencia o infraestructura, sino que ha empeorado en el año que lleva de rector.
La UAdeC se encuentra sumida en una de las mayores crisis financieras de su historia, saqueada durante décadas y ahora con un rector que no le interesa corregir el rumbo y prefiere perder el tiempo haciendo giras para tomar protesta a sociedades de alumnos y directores, organizar medios maratones y pláticas de influencers para atontar a jóvenes; además de pagar cientos de miles de pesos para hacer un logo copiando los de universidades de EUA, y a subir videos a redes sociales para fingir que trabaja.
Al día de hoy, grupos de alumnos, trabajadores y maestros se muestran molestos, debido al saqueo sistemático, al abandono de las escuelas, los abusos de funcionarios y la pésima gestión de los últimos rectores, incluido a Pimentel.
Esto incluye el enojo que hay por el recorte de sueldos de empleados de menor rango y las pésimas condiciones en que se encuentran las escuelas y facultades que carecen de lo básico, como agua o papel higiénico, y por los engaños del rector que prometió combatir la corrupción, denunciar a los exfuncionarios ladrones y dotar de lo mínimo a las escuelas. Además, acusan que Octavio Pimentel no sólo no denunció a los saqueadores, sino que los incorporó a su equipo y siguen con las viejas prácticas del derroche de recursos.
Desde febrero del 2024 en que Octavio Pimentel inició su gestión al frente de la UAdeC, recibió las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Auditoría del Estado (ASE), donde se señalan los desfalcos hechos en los últimos ocho años por los rectores, tesoreros y funcionarios de la Universidad en perjuicio de ésta. Esas observaciones de auditorías no solventadas van desde facturas falsas, obras infladas, pago de aviadores y de personal que no comprueba su sueldo ni compensaciones.
Pimentel recibió las auditorías de la ASF (de las cuales tengo copia y resumen ejecutivo) donde señalan el dinero desviado y el perjuicio causado; tan sólo en algunas auditorías como la 149-DS, 137-DS,169-DS y consecutivas que van del año 2018 al 2022 y que textualmente consignan el “Probable daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública Federal o en su caso, a la cuenta bancaria de la Federación, (por los montos señalados) más los intereses financieros generados desde su disposición hasta su reintegro por un monto de $2,235,065,292 (más de dos mil doscientos treinta cinco millones de pesos) por comprobar.
En estas auditorías no solo se señala la no comprobación de los recursos, sino que también especifica el no pago del Impuesto Sobre la Renta al SAT, y el no pago de las cuotas del IMSS, lo que constituye delitos federales graves que ameritan pena de cárcel.
En la UAdeC, además de utilizar factureras para desviar recursos y pagar compensaciones ilegales, consultorías inexistentes, tiempos completos dobles, obras infladas y aviadores, también cometieron delitos federales los cuales no han sido denunciados por el rector, lo que también constituye un delito federal y una complicidad. A pesar de que sólo el titular de la rectoría es el que está facultado para hacer estas denuncias, Pimentel no las ha hecho a pesar de que la ASF ha solicitado que se actué contra los presuntos responsables.
Otras de las auditorías que recibió Octavio Pimentel fue la de la Auditoría Superior del Estado del año 2018 al 2021 por un monto total de recursos no comprobados de $2,725,000 millones de pesos (más de dos mil setecientos millones) por las cuales la Fiscalía General del Estado tenía listas las denuncias en 2022, pero por la omisión de las denuncias por parte de autoridades universitarias y la protección de altos funcionarios, dictaron el no ejercicio de la acción penal contra los responsables. En esa carpeta de investigación No. FGE/FEH/DGP/469 (del cual tengo copia) se señala como “Presuntos responsables: Salvador Hernández Vélez y Jorge Alanís Canales; por los delitos de Peculado, Ejercicio abusivo de funciones en modalidad de aplicación distinta de fondos públicos; Ejercicio abusivo de funciones en modalidad de pagos ilegales; Tráfico de influencias.”
La incapacidad de gestión, la mala imagen de las autoridades universitarias y el semáforo rojo en que se mantienen las finanzas ante la Gobierno Federal, hay que sumar que las autoridades de la UAdeC tampoco han seguido los lineamientos y recomendaciones de la Secretaría de Educación Pública Federal y las Comisiones de Educación y Presupuesto de la Cámara de Diputados contenidas en el documento Temas Prioritarios de Educación Superior de México (del cual tengo copia), enviado a las universidades públicas del país en donde destacan la urgente necesidad de mejorar la gestión de recursos y el combate a la corrupción y donde incluyen los ejes de “transparencia, racionalidad, austeridad y el uso eficiente de los recursos públicos” y sugieren la “eliminación de personal de honorarios, evitar nuevas contrataciones y realizar auditorías de plazas; no compra de vehículos nuevos ni vales de gasolina…” que es justo lo que hizo Octavio Pimentel apenas tomó protesta en febrero 2024 al comprar una flotilla de vehículos SUV de lujo para él y su círculo cercano, incluyendo a su pareja sentimental que es alta funcionaria de la Universidad, también hizo nuevas contrataciones de personal, donde se incluyen familiares del rector y de funcionarios universitarios.
Política aldeana
En mayo de 2024, Octavio Pimentel se reunió con las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), le entregaron las auditorías y le pidieron denunciar a los responsables de los desvíos. Pimentel se lavó las manos y no hizo las denuncias correspondientes, diciendo que “no podía denunciar porque así se lo ordenaron del gobierno del estado”.
La UAdeC fue vetada de ampliación presupuestal en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 por las observaciones no solventadas y por la falta de transparencia de la Universidad, pero el rector al interior de la Universidad, en medios y mesas de restaurantes sigue culpando a las autoridades federales por no darle más recursos.
Pero el rector también culpa ante quien lo quiera escuchar, y ante autoridades federales en la Ciudad de México, que su falta de recursos es porque “el gobierno estatal le debe le debe 800 millones de pesos”, y repitió en sus reuniones y mesas de comida que si había un paro en la Universidad por falta de pago de aguinaldos y pensiones “sería un problema del gobernador”. Los encargados de esparcir estos dichos de Pimentel fueron sus principales funcionarios, los cuales en su gran mayoría fueron también funcionarios del anterior rector
Salvador Hernández Vélez, que en su rectorado se registró el saqueo de la Universidad.
Preguntas huérfanas
¿Por qué el rector Octavio Pimentel en vez de estar organizando medios maratones, y subiendo videos jugando a la sociedad de alumnos, mejor no se dedica a hacer auditorías de plaza para encontrar a los aviadores que dejaron sus antecesores y que tienen en bancarrota a la UAdeC? ¿Será porque también Pimentel ya dio de alta a decenas de aviadores entre los que se encuentran amigos, novias de amigos, familiares, choferes y asistentes de funcionarios?
¿Creerá Octavio Pimentel que la SEP federal, la ASF, la Procuraduría Fiscal y el SAT no saben de la situación financiera y fiscal de la UAdeC, y de la protección que le da a los saqueadores?
