Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, manifestó su respaldo a la propuesta presidencial para eliminar el fuero de legisladores, con la condición de que cualquier reforma esté debidamente diseñada para evitar ambigüedades legales y garantizar un proceso robusto. Señaló que, aunque la Constitución no utiliza la palabra “fuero”, sí reconoce la inmunidad procesal, por lo que la iniciativa deberá puntualizar términos y alcances para que no haya espacio para malinterpretaciones ni evasiones durante casos de flagrancia.
Monreal aseguró que ya existen iniciativas en la Cámara de Diputados encaminadas a eliminar la inmunidad procesal de servidores públicos, algunas ya dictaminadas o en trámite, y que la propuesta oficial podría llegar para su revisión en febrero de 2026. En ese momento, dijo, comenzará el análisis legislativo que definirá los cambios constitucionales necesarios. Conforme a su postura, el Senado está listo para participar cuando la propuesta sea formalmente presentada.
Asimismo, advirtió que el debate no debe ser superficial ni apresurado. La reforma deberá examinarse con rigor jurídico y político, apuntalando elementos como el procedimiento penal, los mecanismos de juicio de responsabilidades y los supuestos en los que la inmunidad dejaría de operar. La intención manifiesta es asegurar que el retiro del fuero —o la inmunidad procesal— no se convierta en un instrumento de impunidad disfrazada, sino en una herramienta que refuerce la rendición de cuentas.
Durante sus declaraciones, Monreal no descartó que algunos aliados legislativos pudieran mostrarse reticentes, pero confió en que el debate será oportuno y productivo. Reiteró que la propuesta responde a un reclamo popular de mayor igualdad ante la justicia y a la urgencia de acotar privilegios que podrían ser empleados como escudos en casos de delitos cometidos por funcionarios públicos.
De cara al proceso legislativo, Monreal insistió en que deberá respetarse el procedimiento correspondiente —dictaminación, parlamento abierto y consenso legislativo—, de modo que cualquier disposición aprobada cuente con la legitimidad política y constitucional necesaria para perdurar en el tiempo y fortalecer el sistema de justicia del país.
