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La Cámara de Diputados aprobó la expedición de una nueva Ley General en materia de Extorsión, con la cual este delito podrá ser sancionado con penas de hasta 42 años de prisión. La reforma fue avalada tras ratificar los cambios propuestos previamente por el Senado a la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos relacionados con la extorsión. La decisión se tomó con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención, y el proyecto fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor.
La legislación contempla modificaciones al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El propósito principal de la reforma es homologar criterios en todo el país para combatir la extorsión, delito que hasta ahora se sancionaba de forma distinta en cada entidad federativa, lo que dificultaba su persecución y fomentaba la impunidad.
La nueva ley establece que a quien, sin derecho, obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo con el fin de obtener un beneficio o causar daño patrimonial, moral, físico o psicológico, se le impondrán de 15 a 25 años de prisión. Las penas aumentarán de 5 a 12 años cuando el delito se cometa mediante el uso de dispositivos, medios, servicios o plataformas electrónicas o de comunicación, incluyendo transmisión de imágenes, voz, datos, señales o información mediante sistemas ópticos, electromagnéticos o cualquier otra vía tecnológica.
También se incrementará la pena de 7 a 17 años de prisión cuando la extorsión se cometa usando armas, instrumentos peligrosos o herramientas con apariencia de arma de fuego, o cuando se afecte de manera directa la economía de una comunidad. Asimismo, se establece una sanción de 10 a 20 años de prisión para servidores públicos con atribuciones en materia de prevención, investigación o persecución de delitos que participen directa o indirectamente en actos de extorsión.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre de 2024 se registraron 10,804 víctimas de extorsión en el país. La iniciativa, presentada por Claudia Sheinbaum el 20 de octubre pasado, busca unificar el tratamiento legal de este delito en todo el territorio nacional y fortalecer las herramientas para combatirlo.
con información de EFE.
