Un operativo contra el crimen organizado en la sierra de Chihuahua derivó en un accidente que dejó cuatro personas muertas, entre ellas dos presuntos agentes de la CIA, lo que detonó una controversia sobre la participación de personal extranjero en acciones de seguridad dentro de México.
Los hechos ocurrieron el 19 de abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, tras una intervención relacionada con un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. En el incidente fallecieron también el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera, y el agente ministerial Manuel Genaro Méndez.
El caso escaló a nivel federal luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la participación de agentes extranjeros en territorio nacional requiere autorización del Gobierno de México y debe realizarse bajo los mecanismos institucionales correspondientes, con intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
De acuerdo con reportes, los ciudadanos estadounidenses involucrados no contaban con acreditación formal para participar en operativos locales. Inicialmente, autoridades estatales señalaron que su presencia estaba vinculada a tareas de capacitación, como el uso de drones, pero versiones posteriores indicaron que habrían participado en acciones operativas.
La gobernadora María Eugenia Campos Galván sostuvo reuniones con autoridades federales, incluido el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y anunció la apertura de una investigación especial, sin precisar quién autorizó la presencia de los agentes extranjeros ni bajo qué marco legal se desarrolló el operativo.
La indagatoria quedó a cargo de la fiscal especializada Wendy Chávez Villanueva, bajo la estructura de la Fiscalía estatal encabezada por César Jáuregui Moreno. El caso mantiene bajo revisión la coordinación entre autoridades locales y federales.
El episodio reaviva un debate histórico en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Si bien ambos países han fortalecido la cooperación frente a amenazas como el narcotráfico y el tráfico de fentanilo, la legislación mexicana establece límites claros a la actuación de agentes extranjeros para proteger la soberanía nacional.
Antecedentes como el caso del agente de la DEA, Enrique Camarena, asesinado en 1985, así como reformas recientes a la Ley de Seguridad Nacional tras la detención del general Salvador Cienfuegos en 2020, han reforzado la necesidad de regular la presencia de personal extranjero en el país.
El caso en Chihuahua no solo plantea interrogantes sobre un operativo específico, sino sobre los límites de la cooperación internacional en seguridad y la responsabilidad de las autoridades en el manejo de este tipo de intervenciones.
