El aseguramiento de uno de los mayores narcolaboratorios detectados en Chihuahua provocó una confrontación política entre Morena y la administración estatal encabezada por María Eugenia Campos Galván, luego de que investigaciones federales abrieran líneas sobre la presunta participación de ciudadanos estadounidenses vinculados con tareas de inteligencia en territorio mexicano.
El caso se originó tras un operativo realizado en abril en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, dentro de la Sierra Tarahumara, donde autoridades estatales localizaron instalaciones utilizadas presuntamente para la fabricación de drogas sintéticas.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía de Chihuahua, en el lugar fueron asegurados más de 55 mil litros de sustancias químicas, alrededor de 50 toneladas de material sólido y cerca de dos mil litros de metanfetamina, además de equipo industrial empleado para la producción de narcóticos.
Las indagatorias tomaron otro rumbo tras el accidente vehicular ocurrido el 19 de abril, en el que murieron el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, su escolta y dos ciudadanos estadounidenses posteriormente identificados en las investigaciones federales.
Videos y registros integrados en las carpetas de investigación muestran a varios estadounidenses conviviendo con mandos ministeriales y participando en actividades relacionadas con el operativo previo al ingreso a la sierra. En una de las grabaciones aparece uno de ellos portando un arma larga dentro de instalaciones oficiales.
Autoridades federales señalaron que no existe registro de autorización formal para la participación de ciudadanos extranjeros en tareas operativas o de seguridad pública en México. La legislación mexicana en materia de seguridad nacional establece restricciones para que agentes extranjeros intervengan directamente en operativos, detenciones o acciones de inteligencia sin autorización federal.
El caso detonó cuestionamientos de dirigentes y legisladores de Morena, quienes exigieron transparencia sobre la posible participación de agentes estadounidenses en territorio nacional y pidieron esclarecer responsabilidades dentro de la administración estatal.
Entre las voces que solicitaron información pública destacó Ariadna Montiel Reyes, quien demandó una investigación completa sobre posibles violaciones a la soberanía nacional y a la legislación vigente en materia de cooperación internacional.
Morena también convocó a movilizaciones pacíficas y acusó falta de claridad en torno a la presencia de extranjeros durante el despliegue realizado en la Sierra Tarahumara.
En respuesta, la gobernadora Maru Campos defendió el operativo mediante un mensaje público, donde afirmó que existe una campaña de desinformación y ataques políticos contra su administración derivado de los resultados obtenidos en el aseguramiento del laboratorio clandestino.
La mandataria sostuvo que en su gobierno no habrá impunidad y aseguró que continuará colaborando con autoridades federales para esclarecer cualquier irregularidad relacionada con el caso.
Campos Galván reiteró además que su administración mantendrá la coordinación con instituciones federales para fortalecer acciones de seguridad y combate al crimen organizado en Chihuahua.
Actualmente, la FGR mantiene abiertas dos carpetas de investigación: una relacionada con el posible ejercicio ilícito de atribuciones derivado de la participación de ciudadanos extranjeros sin autorización oficial y otra enfocada en las responsabilidades penales vinculadas con la operación del laboratorio de drogas sintéticas.
