El Gobierno de México revisará la situación que enfrenta la playa Las Cocinas, en Punta de Mita, Nayarit, luego de que habitantes y organizaciones civiles manifestaran su preocupación por un proyecto inmobiliario que, aseguran, podría afectar el acceso público a esta zona costera.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que instruyó a la Secretaría de Gobernación para atender el caso y dar seguimiento a las denuncias relacionadas con las obras promovidas por una desarrolladora turística en el municipio de Bahía de Banderas.
Durante su conferencia de prensa del 19 de junio, la mandataria señaló que el conflicto ha trascendido el ámbito ambiental para convertirse en una demanda social respaldada por ciudadanos que buscan preservar el libre acceso a la playa. Por ello, el gobierno federal analizará el estado actual del proyecto y verificará que se cumpla la normatividad vigente.
Uno de los principales reclamos de los habitantes es el respeto a la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), una franja de 20 metros contigua al litoral que, de acuerdo con la legislación mexicana, debe mantenerse libre para garantizar el tránsito y acceso de la población a las playas.
Sheinbaum indicó que las autoridades federales deberán revisar el desarrollo turístico proyectado en la zona y determinar si existe alguna afectación a espacios de uso público. Asimismo, adelantó que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentará información sobre las acciones que se encuentran en proceso para atender la situación.
La controversia se concentra en playa Las Cocinas, considerada por diversos sectores de la comunidad como uno de los últimos espacios de la península de Punta de Mita que conserva características naturales sin una urbanización intensiva. Esta condición ha convertido al sitio en un punto de referencia para quienes promueven la conservación ambiental y la protección de los bienes públicos costeros.
Los inconformes han expresado su preocupación por trabajos relacionados con un proyecto impulsado por la empresa Cantiles de Mita, filial de Grupo Dine. De acuerdo con los señalamientos de vecinos y activistas, cualquier construcción en el área debe respetar estrictamente los límites establecidos para la zona federal y garantizar el acceso libre a la costa.
En días recientes, la presencia de maquinaria en áreas cercanas a la playa reactivó las protestas y las solicitudes de intervención de las autoridades. Los habitantes sostienen que es necesario vigilar el cumplimiento de la legislación para evitar restricciones al uso público de estos espacios.
El caso también ha reabierto el debate sobre el crecimiento de los desarrollos turísticos en destinos de alta demanda y la necesidad de equilibrar la inversión privada con la protección de los recursos naturales y los derechos de acceso de las comunidades locales. La revisión anunciada por el gobierno federal buscará determinar si el proyecto cumple con las disposiciones legales aplicables y garantizar la preservación de los espacios considerados de uso público.
