Los principales grupos del crimen organizado de México han ampliado significativamente su presencia fuera del país y actualmente mantienen operaciones vinculadas con la producción y tráfico de drogas sintéticas en diversas regiones del mundo, según el Informe 2025 sobre drogas de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo dependiente de las Naciones Unidas.
El reporte identifica al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organizaciones con capacidad operativa transnacional, involucradas en redes de producción, distribución y comercialización de sustancias ilícitas que abarcan América, Europa y Norteamérica.
De acuerdo con la JIFE, ambos grupos han fortalecido su presencia en Honduras mediante alianzas con estructuras criminales locales y regionales, entre ellas la Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18, el Tren de Aragua y el Clan del Golfo. El organismo señala que la influencia de estas organizaciones quedó reflejada en hechos violentos ocurridos en mayo de 2025, cuando cinco agentes de una unidad antipandillas hondureña murieron durante un operativo contra una presunta red de narcotráfico vinculada al CJNG.
En Sudamérica, el informe destaca la mayor incautación de metanfetamina registrada en Chile. Durante enero de 2025, autoridades de ese país decomisaron 844 kilogramos de la droga junto con precursores químicos utilizados para su fabricación. Las investigaciones permitieron desarticular una organización con origen en México que pretendía instalar un laboratorio de producción de metanfetamina cristalina en la región de O’Higgins.
La expansión de estas redes también ha sido detectada en Europa. En junio de 2024, autoridades francesas localizaron y desmantelaron el primer laboratorio de metanfetamina a gran escala descubierto en ese país. Las investigaciones posteriores señalaron posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa y grupos criminales establecidos en Bélgica, España y los Países Bajos.
Posteriormente, en abril de 2025, fuerzas de seguridad de Bélgica desarticularon otro laboratorio clandestino con capacidad para producir cientos de kilogramos mensuales de anfetamina y metanfetamina, lo que confirmó la presencia de estructuras criminales conectadas con redes internacionales de narcotráfico.
El tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos continúa siendo uno de los principales focos de preocupación. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) informó que gran parte del fentanilo detectado en territorio estadounidense proviene de organizaciones criminales establecidas en México. Hasta abril de 2025, las autoridades estadounidenses habían decomisado más de 9 mil 300 kilogramos de esta sustancia en la frontera con México.
La JIFE también reportó que en octubre de 2024 fue detectada una operación de fabricación de fentanilo a gran escala en Canadá. El organismo advirtió que este tipo de instalaciones podrían aumentar su producción si disminuye el suministro procedente de México, con el objetivo de abastecer la demanda existente en el mercado estadounidense.
Otro de los aspectos señalados por Naciones Unidas es la compleja cadena internacional de suministro de precursores químicos. El informe documentó la incautación de tres toneladas de 1-boc-4-piperidona, compuesto utilizado en la elaboración de fentanilo. Según estimaciones de la JIFE, esa cantidad habría permitido fabricar entre 1.4 y 3.3 toneladas del opioide sintético.
Frente a este escenario, México impulsó reformas legales durante 2024 y 2025 para endurecer las sanciones relacionadas con la producción, distribución y comercialización de drogas sintéticas y precursores químicos. Entre las medidas adoptadas se encuentran modificaciones constitucionales que ampliaron los supuestos para la aplicación de prisión preventiva oficiosa en delitos vinculados con estas actividades.
Sin embargo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó preocupación por el uso de la prisión preventiva automática, al considerar que podría generar tensiones con estándares internacionales de protección de garantías individuales y debido proceso.
El informe también analiza las consecuencias del fenómeno en materia de salud pública. Datos reportados por el gobierno mexicano muestran que las atenciones de urgencia relacionadas con el consumo de cannabis pasaron de 935 casos en 2014 a mil 403 en 2024, incremento que las autoridades atribuyen a una mayor disponibilidad de productos con concentraciones más elevadas de THC.
La conclusión de la JIFE señala que los principales grupos criminales mexicanos han evolucionado hacia estructuras transnacionales con capacidad para conectar laboratorios clandestinos, rutas de tráfico, redes logísticas y mercados de consumo en distintas regiones del mundo. Ante ello, la ONU sostiene que la cooperación internacional seguirá siendo una herramienta clave para enfrentar un problema que supera las capacidades de un solo país.
