Una investigación periodística señala que integrantes de la familia del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, participan en una empresa que realizó operaciones de importación relacionadas con insumos para vehículos de alto desempeño.
La compañía Stare It Services S. A. de C. V., vinculada a Ricardo Rocha Ruiz y a Jorge Antonio Cano Félix, efectuó 17 operaciones de importación en un solo día con una firma estadounidense especializada en productos para automovilismo de competencia.
De acuerdo con registros de comercio exterior citados en una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la empresa estadounidense VP Racing Fuels fungió como contraparte en las transacciones, enfocadas en combustibles, aditivos y otros insumos utilizados en vehículos de alto desempeño.
Las importaciones habrían incluido aceites minerales, aditivos para combustibles, líquidos para frenos, anticongelantes y otros insumos asociados al mantenimiento y operación de motores, además de materiales complementarios como envases y artículos promocionales. Según los registros consultados, el valor conjunto de las operaciones rondó aproximadamente un millón y medio de pesos.
La empresa involucrada fue constituida originalmente en 2016 bajo otro nombre y posteriormente modificó su razón social y objeto social, incorporando actividades vinculadas con tecnología, servicios, organización de eventos y comercialización de componentes automotrices. En 2019, la administración fue transferida a Jorge Antonio Cano Félix, quien en su declaración patrimonial habría reportado participación mayoritaria en la sociedad y actividades paralelas en el automovilismo deportivo.
El mismo expediente señala que Cano Félix trabajó en Petróleos Mexicanos (Pemex) hasta marzo de 2026 como subdirector de Tecnologías, y que la empresa amplió su campo de operación mediante autorizaciones para la importación de petrolíferos e hidrocarburos.
Las operaciones se habrían realizado a través de una aduana fronteriza entre Coahuila y Texas, y la empresa declaró como domicilio fiscal instalaciones de oficinas corporativas en la Ciudad de México.
Hasta el momento, la información proviene de registros de comercio exterior y de la investigación periodística citada, sin que se hayan emitido posicionamientos oficiales que confirmen irregularidades administrativas o legales.
