Ciudad de México, 22 de septiembre de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que ha sancionado a 286 proveedores durante los dos primeros años de la administración de Claudia Sheinbaum, como parte de las acciones para detectar irregularidades en los procesos de contratación pública.
De acuerdo con la dependencia, 222 de los proveedores sancionados fueron inhabilitados y multados, mientras que otros 64 recibieron únicamente una sanción económica. En conjunto, las multas alcanzaron 147.3 millones de pesos.
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que entre las conductas detectadas se encuentra la presentación de ofertas aparentemente competidoras por parte de empresas que, en realidad, pertenecen a un mismo propietario.
La funcionaria señaló que este tipo de prácticas pueden generar una apariencia de competencia dentro de los procedimientos de contratación cuando varias empresas presentan cotizaciones entre sí pese a tener vínculos de propiedad.
Buenrostro también mencionó otros casos relacionados con documentación falsa, incumplimiento de contratos y la presentación de información que aparenta acreditar experiencia técnica, disponibilidad de personal o capacidad económica para cumplir con los servicios contratados.
La dependencia informó además que 33 expedientes correspondientes a particulares fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por posibles faltas administrativas graves relacionadas con servidores públicos. Estos casos continúan en proceso y, de acuerdo con la información oficial, no habían derivado todavía en una sanción para los particulares involucrados.
En paralelo, la Secretaría reportó que durante los dos primeros años de la actual administración se han remitido al Tribunal Federal de Justicia Administrativa mil 737 expedientes correspondientes a servidores públicos. De ellos, 87 ya habían sido notificados y mil 650 permanecían en proceso, según el balance presentado por la dependencia.
Buenrostro también presentó un balance de los ahorros atribuidos a las medidas preventivas implementadas por la dependencia. El monto reportado asciende a 83.8 mil millones de pesos.
Según la información oficial, los ahorros están relacionados con mejoras en las compras gubernamentales, seguimiento de contratos, cobro de multas y adeudos, así como modificaciones en la estructura organizacional del Gobierno federal.
Entre las medidas de vigilancia se encuentra el acompañamiento de procesos de adquisición para revisar condiciones de mercado, características técnicas y precios antes de concretar las compras.
Como ejemplo, la dependencia reportó una adquisición de equipo médico para el Instituto Mexicano del Seguro Social en la que, según sus cálculos, la revisión de tecnologías y fabricantes permitió obtener los equipos con un costo 46 por ciento menor al inicialmente considerado.
La Secretaría también informó sobre medidas destinadas a ampliar la participación de pequeñas empresas y cooperativas en las compras gubernamentales.
Entre los casos mencionados se encuentra un acuerdo marco mediante el cual 10 cooperativas de café comercializan sus productos con 66 instituciones públicas. La operación involucra, de acuerdo con la dependencia, a alrededor de 5 mil familias productoras de Chiapas, Puebla y Oaxaca.
En los servicios de limpieza participan cinco cooperativas integradas por más de 600 personas, mientras que otras adquisiciones de uniformes y bienes se han orientado hacia pequeñas y medianas empresas y cooperativas.
Las acciones forman parte de una estrategia de prevención y vigilancia de las contrataciones públicas. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene publicados informes de labores correspondientes a los periodos 2024-2025 y 2025-2026 como parte de sus mecanismos de rendición de cuentas.
La dependencia recordó que las irregularidades administrativas pueden derivar, dependiendo de los hechos y las pruebas disponibles, en procedimientos ante las autoridades competentes. Las sanciones administrativas y las investigaciones en curso no implican por sí mismas responsabilidad penal, salvo que ésta sea determinada por la autoridad correspondiente.
