La solicitud para que senadoras y senadores puedan utilizar el Salón de Protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) durante los días de sesiones legislativas generó diferencias en la Mesa Directiva del Senado, luego de que se cuestionara la autorización para enviar un oficio a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El documento, fechado el 5 de octubre de 2026 y firmado por Daniel Andrés Sibaja González, secretario técnico de la Mesa Directiva, solicitó al canciller Roberto Velasco Álvarez gestionar el acceso de los legisladores a ese espacio, con el argumento de facilitar sus traslados aéreos para cumplir con sus actividades parlamentarias.
La polémica se hizo pública el 21 de octubre, cuando la senadora priista Claudia Anaya difundió el oficio y se deslindó de la petición. La legisladora cuestionó que su nombre apareciera entre los integrantes de la Mesa Directiva que supuestamente respaldaban la solicitud, pues aseguró que no había pedido ese beneficio.
El Salón de Protocolo del AICM es un espacio destinado principalmente a la atención de diplomáticos y funcionarios durante actividades oficiales. Su utilización contempla procedimientos específicos y está sujeta a las disposiciones de las autoridades responsables.
La controversia escaló el 22 de octubre, cuando el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, negó haber autorizado el envío del oficio y afirmó que el secretario técnico actuó sin facultades para hacerlo. El senador anunció que el asunto sería revisado en una reunión de la Mesa Directiva prevista para el martes siguiente.
Martínez sostuvo que el tema se había mencionado previamente como una inquietud de algunos legisladores, pero que no se había aprobado una solicitud formal. También señaló que el documento contenía errores en los nombres de integrantes de la Mesa Directiva.
Por otra parte, la Cancillería y las autoridades del AICM rechazaron la petición por motivos de seguridad, de acuerdo con información publicada por Excélsior. Tras la negativa, se decidió no insistir en el uso de esas instalaciones.
El caso mantiene abiertas dos discusiones: quién autorizó el envío de la solicitud y bajo qué condiciones los representantes del Poder Legislativo pueden acceder a espacios aeroportuarios destinados a actividades protocolarias. La Mesa Directiva deberá revisar la actuación de su secretario técnico y determinar las medidas correspondientes.
