Ciudad de México.– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de 40 personas y empresas relacionadas con proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de identificar operaciones financieras con elementos de riesgo que deberán ser revisadas por las autoridades competentes. Entre las personas señaladas por medios de comunicación como presuntamente afectadas se encuentra Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera presidenta del organismo electoral.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF, informó que incorporó a 25 personas físicas y 15 personas morales a la Lista de Personas Bloqueadas. La medida deriva de análisis financieros realizados en el marco de sus atribuciones legales y está relacionada con operaciones de proveedores del sector electoral.
Entre los nombres difundidos en reportes periodísticos también aparecen los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, identificados como empresarios vinculados con la proveeduría de materiales y servicios electorales. Sin embargo, la autoridad financiera no hizo públicos los nombres de todas las personas y empresas incluidas en la lista.
La UIF precisó que el bloqueo de cuentas constituye una medida administrativa, preventiva y precautoria, por lo que no representa una declaración definitiva de responsabilidad. Las personas afectadas conservan su derecho a presentar mecanismos de defensa y ejercer la garantía de audiencia, conforme a la legislación vigente.
Como parte de las actuaciones, la dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), que tendrá a su cargo las investigaciones para determinar si existen elementos que permitan establecer posibles responsabilidades penales.
En paralelo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció nuevas investigaciones sobre las contrataciones del INE, del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
El organismo fiscalizador contempla revisar las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025, con el propósito de identificar posibles irregularidades en el ejercicio de recursos públicos, concentración de contratos en determinados proveedores y eventuales prácticas contrarias a la legalidad.
La ASF estableció tres líneas de trabajo: investigaciones de oficio sobre procedimientos de contratación, un estudio histórico de las adquisiciones durante los últimos 25 años y una auditoría integral al INE, además de revisar el gasto federalizado ejercido por los organismos electorales estatales.
Las revisiones también contemplan examinar la participación de grupos empresariales y servidores públicos relacionados con los procedimientos de adquisición y contratación de bienes y servicios. Hasta el momento, el organismo no ha identificado públicamente a todas las empresas o funcionarios que podrían estar involucrados.
Por su parte, la actual consejera presidenta del INE, Blanca Cruz, anunció que presentará una denuncia contra quien resulte responsable de cualquier posible delito cometido dentro de la institución.
Las medidas de la UIF y las investigaciones de la FGR y la ASF mantienen bajo revisión las operaciones financieras y los procedimientos de contratación relacionados con las autoridades electorales. Los resultados de estas indagatorias permitirán establecer si existieron irregularidades y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.
Con información de: La Jornada,
