El empresario José Alfredo Hernández Casillas, proveedor de material electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), habría intervenido en la llegada de Claudia Arlett Espino a la Secretaría Ejecutiva del organismo, luego de establecer una relación con ella durante su gestión al frente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde recibió contratos por más de 30 millones de pesos.

La relación fue documentada en una investigación publicada por el periódico Excélsior, que señala que Hernández Casillas presentó a Espino para ocupar uno de los cargos administrativos más importantes del INE, durante la presidencia de Guadalupe Taddei Zavala.
De acuerdo con la publicación, ambos establecieron contacto cuando Espino encabezaba la autoridad electoral de Chihuahua y otorgó a empresas relacionadas con el empresario contratos para el suministro de material electoral. Posteriormente, Hernández Casillas habría recomendado su incorporación a la estructura directiva del organismo nacional.
El 28 de noviembre de 2024, el Consejo General del INE aprobó el nombramiento de Espino como secretaria ejecutiva, con el voto en contra de la consejera Carla Humphrey Jordan, quien expresó reservas sobre su designación debido a antecedentes de presuntas irregularidades administrativas señaladas durante su gestión en Chihuahua.
Espino asumió formalmente el cargo el 1 de diciembre de ese año. Desde la Secretaría Ejecutiva tenía bajo su responsabilidad funciones relevantes para el funcionamiento institucional, entre ellas la representación legal del organismo, la coordinación administrativa y el ejercicio del presupuesto.
La investigación periodística también señala que Hernández Casillas mantenía vínculos con otros funcionarios que posteriormente ocuparon puestos estratégicos dentro del INE, entre ellos Jesús Octavio García, quien fue director de Administración, y José Alberto Pérez de Acha, exdirector de la Unidad Técnica de Servicios de Informática.
Según fuentes consultadas por Excélsior, estos funcionarios habrían participado en mecanismos para favorecer la asignación de contratos a empresas relacionadas con el empresario. También se reportaron reuniones entre integrantes de la estructura administrativa del instituto y Hernández Casillas para tratar asuntos relacionados con adquisiciones y licitaciones.
Otro de los señalamientos involucra la relación del empresario con Guadalupe Taddei. De acuerdo con la investigación, Hernández Casillas habría proporcionado vehículos arrendados para el uso de la entonces consejera presidenta y sus familiares, incluida la camioneta blindada que generó controversia a principios de 2026.
El caso forma parte de una serie de investigaciones sobre las relaciones entre proveedores de material electoral y funcionarios del INE. El pasado 5 de noviembre, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó información sobre empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas y sus contratos con organismos electorales.
Según los datos expuestos por la funcionaria, entre 2015 y 2023, empresas relacionadas con estos empresarios obtuvieron contratos por más de 2 mil 94 millones de pesos con 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales. Además, entre 2024 y 2025 consiguieron adjudicaciones por 646.3 millones de pesos con 15 organismos electorales estatales.
La presidenta Claudia Sheinbaum también solicitó que se revisen las contrataciones y se investiguen posibles irregularidades. La Secretaría Anticorrupción explicó que corresponde a las instancias fiscalizadoras, particularmente a la Auditoría Superior de la Federación, determinar las responsabilidades administrativas o penales que pudieran existir.
Claudia Arlett Espino dejó la Secretaría Ejecutiva del INE el 9 de septiembre de 2026. El organismo informó oficialmente que su renuncia fue presentada por motivos de salud y tuvo efectos inmediatos.
Los señalamientos sobre su relación con Hernández Casillas se suman a las investigaciones sobre posibles conflictos de interés y adjudicaciones de contratos dentro del organismo electoral. Hasta ahora, las acusaciones publicadas sobre una presunta red de influencia deben distinguirse de las responsabilidades que puedan establecer las autoridades mediante procedimientos formales.
El caso mantiene bajo escrutinio las relaciones entre proveedores y funcionarios electorales, así como los mecanismos de contratación y supervisión de los recursos públicos administrados por el INE.
Con información de: Excélsior





























