Jorge Arturo Estrada García.
«El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos».
Andrés Manuel López Obrador.
«El poder no cambia a las personas,
sólo revela quiénes verdaderamente son».
José Mujica.
La corrupción invade a Morena por todos los flancos. México está atrapado entre un gobierno depredador y las apatías ciudadanas. Sus incapacidades, mantienen en riesgo la estabilidad económica del país. La inseguridad perdura y la democracia es demolida. El desarrollo se detuvo. Los empleos de calidad escasean. Las oportunidades del nearshoring se esfumaron. El acecho, de Donald Trump, persiste. Y, la protección a políticos guindas, reclamados por Estados Unidos, sí son prioridades para el Palacio Nacional. El tratado Comercial sigue sin concretarse. Sin embargo, el Plan C de López Obrador ya es un éxito. Andrés Manuel ya mandó al diablo a las instituciones.

La Cuarta Transformación resultó tóxica. La Inversión Extranjera Directa no llega en volúmenes indispensables. La informalidad crece día con día. Las reformas judiciales del “acordeón” y los dogmas morenistas arruinan oportunidades, en diversos frentes. El crecimiento económico apenas ronda el uno por ciento anual, en promedio, desde 2018 a la actualidad.
Son ocho años de promesas incumplidas. El Desarrollo Humano no mejora, tampoco se genera progreso. Para alcanzar el nivel de vida de países europeos, de desarrollo medio, como Polonia, Portugal o Rumania en un plazo de 8 años, equivalente al periodo 2019–2026, México, requería un crecimiento promedio anual del PIB de entre 10 por ciento y 11 por ciento real, según estimaciones del Banco Mundial. En un horizonte más realista, que comprendiera de 15 a 20 años, la tasa requerida se ubica entre 5.8 por ciento y 6.9 por ciento anual señala.
De esta forma, en ese marco ya se ejecutan los dictados del Plan C de AMLO, que lo limitan todo. Que impiden todo. Con esta Cuarta Transformación, no habrá avances. Y, sin democracia, la alternancia política se cancela. Se erige la Dictablanda guinda.
La corrupción ya es la marca de la casa, la inseguridad persiste. el desarrollo se detuvo. Los empleos de calidad escasean. La informalidad crece día con día. En educación la OCDE nos coloca en los últimos lugares, nuestros jóvenes no saben comprender lo que leen, ni tampoco tienen habilidades del pensamiento, suficientes, para resolver problemas con apoyo de las matemáticas elementales.
El sistema de salud ya está en ruinas. Las carreteras son peligrosas y las extorsiones afectan a todos los sectores productivos. Los alcaldes, funcionarios y precandidatos son secuestrados y asesinados en diversos rincones de los estados. El INE dejó de ser una garantía de elecciones limpias. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se convirtieron en un lastre, junto a las megaobras de Andrés Manuel que son costosos “elefantes blancos”.
Pero, para el Tlatoani tabasqueño eso no importa. Él maniobra para conquistar más poder, a cualquier costo. Los ciudadanos marginados requerirán Becas del Bienestar para subsistir y Morena podrá acarrearlos a las urnas. Eso será posible con su exitoso “Plan C”. Este plan comprende el paquete de 20 iniciativas, 18 constitucionales y dos legales, que Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso el 5 de febrero de 2024.
Su objetivo declarado era “profundizar la Cuarta Transformación”; su efecto político fue ampliar el control de Morena sobre las reglas del Poder Judicial, los organismos autónomos y, potencialmente, el sistema electoral.
El plan surge entre 2018 a 2024. Este Plan C no surgió de golpe. Fue la tercera fase de una estrategia para superar los límites institucionales que el proyecto de López Obrador enfrentaba. Entonces, sólo tenían la mayoría simple en el Congreso. Tras ganar en 2018 con 53% de la votación presidencial, Morena y aliados obtuvieron mayoría absoluta, pero no la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución.
Primero surge el Plan A (2022), que consistía en una reforma constitucional electoral que proponía sustituir al INE por un nuevo instituto, reducir consejeros y legisladores, elegir por voto popular a autoridades electorales y recortar financiamiento partidista. Fue rechazado en la Cámara de Diputados el 6 de diciembre de 2022, sin alcanzar la mayoría calificada.
Luego, va el Plan B en 2023 con reformas a leyes secundarias que reducían personal y atribuciones del INE y modificaban reglas de financiamiento y propaganda. Pero, la Suprema Corte lo invalidó por violaciones al proceso legislativo.
Ante esas derrotas, López Obrador planteó obtener una mayoría calificada en las elecciones de junio de 2024 para aprobar reformas constitucionales sin depender de la oposición.
La narrativa obradorista fue machacona. El presidente estigmatizó a la “mafia del poder”: empresarios, partidos opositores, medios, organismos autónomos y especialmente a la Suprema Corte. Y, los marcó como obstáculos de la voluntad popular. Así, la independencia institucional fue presentada como privilegio de élites y la reforma como recuperación del mandato popular.
De esta forma, el paquete del Plan C fue enviado el 5 de febrero de 2024, a los legisladores y comprendía 20 iniciativas. Eran 18 reformas constitucionales y dos leyes reglamentarias. Entre sus ejes estaban la elección popular de jueces, magistrados y ministros; la reorganización del Poder Judicial; la desaparición o reducción de organismos autónomos; cambios en empresas y áreas estratégicas; Guardia Nacional; bienestar; vivienda; prisión preventiva; y protección animal.
Es así, que para noviembre de 2026, el Plan C puede describirse como un proyecto parcialmente consumado, pero aún en expansión. Su parte judicial está en operación: el sistema de designación de jueces cambió y la primera elección judicial ya ocurrió, fue la del “Acordeón”; lo referente a organismos autónomos también se materializó con la extinción de siete de estas entidades.
Por lo tanto, es rigurosamente preciso decir que el Plan C fue una estrategia de consolidación de poder mediante reformas constitucionales, no una sola ley ni un documento único. Su diseño busca convertir una victoria electoral en la capacidad para modificar la arquitectura institucional: judicial, regulatoria, de transparencia, de seguridad y electoral.
Sin embargo, la parte electoral permanece abierta, muy dañada. Pero, ahora, que el INE ya fue desprestigiado, ya se anticipa su desaparición para el año próximo, junto con las diputaciones plurinominales. Por lo pronto, ya está tomado por el obradorismo en pleno proceso electoral, para renovar las diputaciones federales, 17 gobernaturas, decenas de alcaldías y diputaciones locales en junio próximo.
Como ingrediente adicional, vemos que la encuesta nacional de El Financiero registra que la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con una aprobación general del 69 por ciento y una desaprobación del 31 por ciento. En contraste, este sondeo también destaca las malas calificaciones en las áreas críticas como seguridad pública, 17 por ciento de aprobación; combate a la corrupción, sólo el 18 por ciento lo respalda; y, al manejo de la economía, únicamente al 46 por ciento le gusta.
El panorama se percibe terrible para la democracia mexicana. Las cosas vienen intensas. Veremos.





























