Jesús M. Moreno Mejía.
Aunque se tengan 100 bellas cualidades, se ve al hombre su lado malo.
Molier.
El reclamo de los bienes materiales
de “El Chapo” no se atrevería hacerlo
el gobierno de la 4T.
La sentencia definitiva dictada a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido internacionalmente por el mote de “El Chapo Guzmán”, definitivamente fue la esperada por todos: cadena perpetua y un plus de 30 años de prisión (por la posibilidad de que hubiera resultado favorable la apelación a conmutar la sentencia a una de menor penalidad, y que obviamente no se concedió), motivo por el cual cae el telón a una leyenda mundial del narcotráfico, que se llegó a considerar invencible.
“Se extingue así la leyenda del narcotrafi- cante más famoso del mundo; el campesino sinaloense que empezó sembrando marihuana y llegó a ser, por su astucia y complicidad con políticos y jefes policíacos de México, uno de los capos más poderosos y sanguinarios del crimen internacional”, expresó Salvador García Soto en su columna “Serpientes y Escaleras”.
Tras de haber burlado por años, o con su anuencia, a autoridades civiles y militares en nuestro país, Guzmán Loera fue detenido al ser traicionado por su compadre, Ismael “El Mayo” Zambada, pero también por un grupo de sus propios socios, según se afirma.
El caso es que, los políticos mexicanos que otrora lo protegieron por alrededor de 30 años, cedieron a la solicitud de extradición del “capo” al vecino país del norte, donde lo reclamaban para ser sometido a juicio.
La justicia federal estadounidense lo acusó de múltiples delitos y para ello se valieron de testigos protegidos, entre ellos el hijo de “El Mayo” Zambada, quienes aseguraron que “El Chapo Guzmán” era el “comandante supremo” del Cartel de Sinaloa.
Éste, en cambio, aseguró que su compadre Ismael Zambada era quien realmente comanda el referido grupo criminal, posiblemente en su afán de hacer caer las pruebas y acusaciones de que fue objeto durante el juicio, pero de nada le valieron todas las argumentaciones que presentó a la justicia estadounidense.
El capo mexicano fue inculpado de traficar 1,213 (un mil doscientas trece) toneladas de drogas a Estados Unidos de América durante 25 años o más, y el juez federal que lo juzgó en Brooklyn, Nueva York, Brian Cogan, lo señaló como un criminal de “crueldad abrumadora”.
Las reacciones del público en general, no obstante se esperaba que la sentencia sería la que finalmente se le dictó, no dejaron de darse en diversos sentidos, pues mientras en una parte de Sinaloa no era aceptada por haber sido su protector; en otros sectores consideraban que no fueron tomados en cuenta otros delitos a él imputados.
Entre estos crímenes estarían el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, acribillado el 24 de mayo de 1993, en un supuesto fuego cruzado entre sicarios del cartel de los Arellano Félix y gente del cartel de Sinaloa, y que según la Procuraduría General de Justicia, el prelado fue confundido por los primeros con “El Chapo Guzmán”. Situación que nunca fue considerada creíble por las autoridades eclesiás- ticas y la generalidad de la gente, quien antes bien atribuyeron el asesinato a Joaquín Archibaldo.
Citamos el caso antes mencionado, no porque creamos que el crimen debió ser considerado en el Juzgado Federal de Brooklyn, por el contrario, sino porque fue un caso muy sonado que nunca fue cerrado y que algunos esperaba se reabriera en el extranjero, lo cual, obviamente, no era de la incumbencia de la justicia de la vecina nación.
Lo que sí podría estar en juego es el reclamo de bienes materiales de “El Chapo Guzmán” a favor de México, como algunos sectores piden, pero de antemano sabemos que los Estados Unidos de América no cederán a presiones en materia de reclamos económicos.
Además… ¿nuestras autoridades estarían en disposición de solicitar regresen el dinero que perteneció al sentenciado? Consideramos que no se atrevería hacerlo el Gobierno de la 4T. ¿O usted, amable lector, qué opina?
¡Hasta la próxima!
