José C. Serrano Cuevas.
En los días recientes los directivos de planteles educativos afiliados a la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP), expresaron públicamente su preocupación por el descenso en la matrícula. Afirman que, sin el apoyo del gobierno, una de cada cinco escuelas privadas podría cerrar.
La ANEP asegura que más del 20 por ciento de los 47 mil colegios particulares dejarán de operar en el ciclo que inicia el 24 de agosto próximo, afectando al 30 por ciento de los más de 5 millones de alumnos en esta modalidad. La asociación contextualiza esta situación al referir que la crisis de Covid-19 obligó a cancelar clases presenciales en todos los niveles educativos desde el 23 de marzo, cuando el gobierno declaró la Jornada Nacional de Sana Distancia.
María de Jesús Zamarripa, presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), expresa que los colegios reportan una caída de hasta el 40 por ciento en sus ingresos totales. Se queja de los altos impuestos que el gobierno les cobra; asimismo, del costo que significan los gastos de operación.
Zamarripa insiste en su posición de que no se cierren las escuelas particulares. Propone ir en busca de apoyos para que se siga garantizando el derecho a la educación. Señala que todavía no hay diálogo con las autoridades educativas, a pesar de que los colegios pierden ingresos, al mismo tiempo que invierten en nuevas plataformas digitales.
Tanto la ANEP como la CNEP omiten dar a conocer otra parte de la realidad que transcurre en las escuelas particulares: monopolizan la venta de uniformes deportivos, de uso cotidiano y de gala; la comercialización de libros y útiles escolares, que incrementan su costo sólo por llevar impreso el nombre y el escudo del colegio; el funcionamiento de «cooperativas» escolares, que expenden sin control sanitario productos dañinos para la salud de quienes los consumen.
Una práctica generalizada en los colegios privados es la retención de documentos oficiales, a los estudiantes que se atrasan en el pago de colegiaturas y otros conceptos, no obstante que es un acto ilegal; la remuneración paupérrima que recibe el personal docente cada quincena; la carga administrativa extraordinaria impuesta por las autoridades educativas que, los profesores deben añadir, sin chistar a su tarea esencial, so pena de ser expulsados del plantel.
La joya de la corona en el sistema educativo privado son las cuantiosas ganancias que, sin ningún escrúpulo, los dueños del negocio recogen cada quincena. No es necesario implementar una engorrosa auditoría para darse cuenta de que la empresa prospera: compra de inmuebles en zonas de alta plusvalía; cambio de camioneta cada año; viajes costosos al extranjero; adquisición de atuendos de diseño exclusivo; concurrencia asidua a restaurantes de postín y, otros lujos reservados para los pudientes.
Estos manirrotos debieron destinar una parte de las ganancias al ahorro, para evitarse la penosa necesidad de suplicar el apoyo gubernamental o, si tienen los billetes guardados bajo el colchón, airearlos y con ello, intentar la sobrevivencia de su negocio. La realidad les ha dado una lección, están frente a la oportunidad de aprovecharla.
