- Durante décadas el PRI y PAN abandonaron a los agricultores mexicanos. Hoy sostienen que defienden los intereses del gremio protegiendo el agua de México, pero está demostrado que sólo defienden intereses propios sin importar la muerte de quienes los respalden en las protestas.
Abigail A. Correa Cisneros.
Como en toda guerra, ganan los poderosos y el daño colateral lo sufren los menos favorecidos. La situación en Chihuahua por la presa La Boquilla, pone a la vista todas las inconsistencias de la Comisión Nacional del Agua (Conago), que en sexenios pasados otorgó concesiones a diestra y siniestra, de manera ilegal y tramposa.
Lo peor es que se llevan entre las patas a la gente que durante años ha padecido la escasez, debido a que la entidad es originalmente árida se requiere riego para casi la totalidad de la agricultura. Si es por el Tratado de Aguas ventajoso que se firmó con Estados Unidos, o si es por el acaparamiento de pozos de empresarios millonarios en la entidad, son los agricultores que poseen pequeñas parcelas, que sólo venden a un reducido número de compradores y oferentes de servicios básicos de la producción, los más afectados. En cambio, los que hoy se pintan como víctimas son parte del sector agropecuario que cuenta con alto nivel de tecnificación y crecimiento, son quienes tienen cientos de pozos para sus cultivos y manipulan a los demás para provocar una guerra en vísperas de comicios.
Desde hace décadas las transferencias gubernamentales favorecen más a productores con activos altos. La política de gobierno para fomentar la actividad agropecuaria en Chihuahua en realidad ignoró a productores de bajos ingresos con el fin de incrementar la productividad y esto se ve igual en el resto del país.
Como sabemos, el gobierno mexicano abandonó al campo hace sexenios. Medianos y pequeños productores regionales carecen de información para desarrollar en el corto plazo su empresa y no tienen una diversificación productiva que les permita utilizar mejor la infraestructura. Esto los pone en desventaja con los rancheros que cuentan con lo necesario para sacar a flote la producción. Sin embargo, estos mismos empiezan a acaparar los recursos, en este caso el agua, y dejan al resto librando día a día los problemas para subsistir.
Muchos de estos empresarios se agarran de la política para escalar y hoy cuentan con grandes empresas, pero a costa de otros. En los años recientes en la entidad se acaparó el recurso hídrico desde la cúpula del poder. El exgobernador, César Duarte, detenido por peculado en Estados Unidos, benefició a amigos para hacerse de pozos. También construyó una presa en uno de sus seis ranchos, con varios pozos en sus propiedades.
Los nombres sonados en una conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron Fernando Baeza Terrazas, “exgobernador de Chihuahua (1986-1992), señalado también por corrupción cuando era embajador en Costa Rica. Es usuario de aguas en los Módulos 7 y 8 en el Distrito de Riego 0005. En 2017 adquirió una propiedad de 7.690 hectáreas en Saucillo.
A él se le liga con sus sobrinos José Reyes Baeza Terrazas y Héctor Baeza Terrazas. Del primero se apunta: “exgobernador de Chihuahua (2004-210), es usuario en los módulos 1 y 2 del DR 005, contacto directo con representantes de módulos, investigado por la FGR por nexos con el Cártel de Juárez”. Mientras que de Héctor Baeza se informa: “exalcalde de Delicias (2001-2004), expresidente de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento con César Duarte”. Este último fue coordinador de la precampaña de Duarte.
Los agitadores echan por delante a la gente necesitada. Los panistas como Andrés Valles Valles, presidente del módulo 4 DR [Distrito de Riego] 005, son los principales incitadores de la violencia en las manifestaciones, él es presunto autor intelectual de la violencia en Delicias, lo mismo que su hermano, Agustín Jaime Ramírez Licón. Otros que figuran en la gráfica que presentó AMLO son Ismael Pérez Pavia, alcalde de Meoqui, y Arturo Zubía Fernández, alcalde de Camargo.
También destaca Eliseo Compeán Fernández, alcalde de Delicias, como incitador de la violencia. Otros que aparecen mencionados son Velia Aguilar Armendáriz y Jorge Aldana Aguilar. De este último se apunta que es “nogalero, presidente del módulo 1 Agua Rodada DR 113”, así como que su madre, quien “fue diputada federal en 2009 por el PAN”.
Álvaro Madero Muñoz, familiar de Gustavo Madero [senador por el PAN que también ha participado en las protestas, tiene tierras en los módulos 3 y 4 en el DR 005 (nogales y alfalfa), su familia tiene contacto directo con los directivos del módulo.
Pero el caso de Chihuahua no es aislado. La pugna por el agua está en gran parte de México. Hace unos días el Frente Campesino en Defensa del Agua y la Tierra, denunció que persisten los malos manejos en módulos de riego en Coahuila. Hay huachicoleo de agua destinada al riego agrícola. La Universidad de Chapingo presentó una medición satelital, pagada por la Conagua, donde se demostró que el ciclo agrícola 2019 tuvo un excedente de 20 mil hectáreas en el Distrito 017. Lo afectados denunciaron que hay robo de agua en donde están involucradas las mesas directivas de los módulos y el personal de la Comisión en la región. El saqueo representa un monto mayor a los 200 millones de pesos.
Por ejemplo, empresas como Ara y GEO en Ixtapaluca, Estado de México, tienen concesiones para “uso agrícola,” un uso exento del pago de derechos, pero sus pozos están rodeados por inmensas unidades habitacionales.
El artículo 4º de la Constitución mexicana afirma que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.” Sin embargo, 47% de los mexicanos no tiene acceso constante al agua potable. Según el artículo 2 Constitucional, los pueblos indígenas tienen el derecho al uso preferente y a la administración de las aguas en los territorios que habitan u ocupan, pero la Conagua está otorgando enormes volúmenes de agua a las comisiones estatales de agua, como base para acueductos que despojarían a zonas indígenas y campesinas para surtir a megaproyectos urbanos industriales o extractivos, como parte del “uso público urbano.”
Desde el Centro
A 210 años de la Independencia de México hay que hacer una reflexión de lo que significa en la actualidad este hecho histórico del país. El proceso revolucionario no ha parado. La extinción indígena se mantiene debido a distintos motivos y el grito de injusticia se escucha todavía en voz de mujeres, campesinos, luchadores sociales a favor de la libertad de expresión y de la defensa de la tierra. El pueblo mexicano sigue siendo explotado por empresas extranjeras y por gobernantes corruptos…El Senado recibió este martes, de manos del Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, la solicitud de consulta popular que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, para enjuiciar a los expresidentes que gobernaron al país de 1988 a 2018 por probables actos de corrupción… Siguen los ataques contra tzotziles de Magdalena Aldama, en los Altos de Chiapas. Los pobladores denunciaron que viven bajo amenaza de los grupos paramilitares de Santa Martha del municipio de Chenalhó y que el gobierno es cómplice. “El pueblo ha dicho basta, no más despojo de nuestras tierras, si el gobierno no quiere resolver esta situación, una y otra vez será responsable a lo que pueda pasar”, dijeron.
