José C. Serrano Cuevas.
Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con estudios de posgrado en la Universidad de Yale en Estados Unidos, a sus 46 años se ha destacado como político y activista. Es hijo del doctor Pablo Sandoval Ramírez y hermano de la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno federal, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
Desde 2003, Pablo Amílcar ha tenido cercanía con el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); formó parte del Consejo de Asesores, cuando el político tabasqueño era jefe del Gobierno del entonces Distrito Federal.
En días recientes, Pablo Amílcar ha informado que renunció al cargo de delegado federal en Guerrero, para dedicarse al proyecto de construcción de un mejor estado: «Guerrero puede ser el lugar que soñamos y merecemos todos, el sitio donde los anhelos de nuestra gente sean alcanzables, donde no le quedemos a deber a los ciudadanos», dijo.
Anticipó que esperará los tiempos que marcan la ley y su partido el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para anunciar sus pretensiones políticas, como aspirante a la gubernatura de esa entidad federativa.
Es de esperarse que este hombre se haya empapado, durante su experiencia como activista, de que la violencia en el estado sureño ha escalado a niveles intolerables para los pobladores, que han tratado, en la medida de sus posibilidades, de adaptarse al asedio de los grupos delictivos y de la propia pobreza que caracteriza a sus pueblos.
Además de enfrentar atrasos ancestrales y marginación, esas comunidades son víctimas de los vacíos de autoridad en que se han dejado algunas regiones, que son aprovechadas por el crimen organizado para establecer sus territorios y el control sobre poblaciones enteras.
Robos, extorsiones, cobros de piso y secuestro son el racimo de delitos que estos pobladores tienen que soportar en medio de las condiciones precarias para ganar el sustento en su vida cotidiana.
Donde la autoridad oficial cede terreno y reduce su presencia, la delincuencia sienta sus reales y, a veces, intenta pactar con la población para obtener el encubrimiento de sus actividades ilícitas, a cambio de dádivas pinchurrientas.
En casos más graves «reclutan» contra su voluntad a jóvenes, algunos apenas entrando en la adolescencia, con la finalidad de integrarlos en las filas del crimen organizado, bajo la amenaza de atentar contra su vida o la de sus familiares en caso de negarse o intentar escapar.
Personajes como Víctor Aguirre Garzón y Éder Yahir Sosa Carbajal El Cremas, dirigentes del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) y La Barredora, respectivamente, han sido ejemplo palpable de estas patológicas acciones. Aguirre cumple una larga condena en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 de El Altiplano, Estado de México; El Cremas, según información no desmentida, fue abatido en un operativo de la extinta Policía Federal.
Si Pablo Amílcar pretende liberar a Guerrero del atraso y la pobreza ancestrales en que se halla sumido, debe prescindir del rosario de promesas que los políticos de todos los signos acostumbran recitar una y mil veces a los escuchas de sus mensajes. La retórica no es el mejor antídoto contra la jodidez extrema.
