José C. Serrano Cuevas.
A un año de la contingencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, las escuelas particulares decidieron desafiar a las autoridades sanitarias y de educación. La Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) anunció que sus colegios abrirían las puertas a clases presenciales a partir de 1 de marzo del año en curso. Alfredo Villar Jiménez, presidente vitalicio de la asociación, fue contundente al afirmar que «nadie puede restringir lo establecido por el artículo tercero constitucional».
Sin embargo, tal decisión no cuenta con el aval de ambas instancias federales. Por raro que parezca, dichas dependencias han podido armonizar puntos de vista convergentes. Por un lado, expertos en temas educativos han señalado que el retorno a sesiones presenciales sin un acuerdo que garantice la seguridad de los alumnos, padres, profesores y el entorno social es una respuesta nada consciente, carente de ética, además de ser egoísta y sin argumentos pedagógicos.
Por su parte, las autoridades sanitarias han dicho que el regreso a las actividades en las escuelas implicará el aumento de la movilidad de personas y, por tanto, un posible riesgo en la transmisión del coronavirus; lo recomendable es atender los lineamientos elaborados por las secretarías de Salud y de Educación Pública en esta materia.
Personal del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la SSA, explicó que el sistema de vigilancia epidemiológica tiene la capacidad para identificar los sitios donde se incrementan los casos de Covid-19, aunque se debe tener en cuenta que los brotes se podrían originar dentro de los planteles educativos, entre alumnos y personal docente.
De acuerdo con cifras oficiales el 15 por ciento del Sistema Educativo Nacional lo cubren instituciones privadas, con 5.2 millones de alumnos desde preescolar hasta el posgrado y más de 465 mil profesores contratados en 46 mil 675 colegios, a los cuales se les está pagando una fracción de su salario debido a que muchos padres no cubren la totalidad de sus colegiaturas.
Una parte importante de los padres de familia sigue pagando las cuotas mensuales para tener acceso a plataformas en línea que han habilitado los colegios para que los alumnos tomen clases desde su casa. Hay padres que pagan hasta 5 mil 500 pesos al mes, para que un hijo de 10 años, pueda tener acceso a esta modalidad de enseñanza.
Alfredo Villar Jiménez ha dicho, en tono desafiante, que varios colegios han recurrido a amparos judiciales para poder abrir sus puertas. Será el sereno, pero, la condición ineludible para lograrlo es que se decrete en municipios y entidades federativas el semáforo epidemiológico en verde, sin descuidar, desde luego, las medidas sanitarias difundidas ampliamente en todos los sectores sociales.
Para quienes han enviado a sus hijos a colegios particulares y, para quienes han trabajado en ellos, no es un secreto que el interés primordial de estas industrias sin chimeneas no es la educación en sí, sino las enormes ganancias que les generan a los dueños. Es comprensible, aunque no del todo justificable, la desesperación de éstos cuando ven mermadas sus cuentas bancarias. En las escuelas particulares todo es negocio: la venta de uniformes, útiles y libros de texto, comida chatarra y bebidas azucaradas, el transporte escolar, excursiones, campamentos y visitas guiadas a sitios históricos.
Es de celebrarse ese rotundo no emitido por las instancias educativas y sanitarias.
