- La expresión presidencial de “al carajo”, no tiene otra explicación que falta de humanismo y solidaridad con familiares de 26 personas fallecidas y 79 heridos.
- AMLO negó su presencia física en el lugar de los hechos
- El “pueblo bueno y sabio”, ha sido el receptor de fallas e ineficiencias gubernamentales.
- En el caso de la Línea 12, que se investigue “como se lavan las escaleras”, es el clamor.
Jorge Martínez Cedillo.
Quizás al presidente Andrés Manuel López Obrador no le agrade opinar sobre temas que le causan repugnancia por tratarse de fallas y errores políticos y administrativos de su gobierno, de su “cuarta transformación” y de su partido; entonces, utiliza expresiones cortantes como “al carajo”, o “chole”. No señor. No es complacencia.
Se trata de una obligación moral y solidaria por la memoria de 26 personas fallecidas y 79 que aún sufren las consecuencias de un accidente que pudo haberse evitado, pero que van a pasar meses para que las personas heridas se recuperen, con posibles secuelas o lisiadas de por vida. Y para las familias de quienes fallecieron, la maldición de la negligencia gubernamental.
La ruptura del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Línea 12, cercana a la estación Los Olivos, en Tláhuac, en principio se achaca a la terrible austeridad del presupuesto federal en casi todo el gobierno. Sin embargo, existen otras razones de gran peso, en este accidente es necesario que se aplique la ley de responsabilidades del sector público.
Sí, porque hay excepciones en obras simbólicas de este gobierno, como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la Refinería de “Dos Bocas” y 2,700 sucursales del Banco de Bienestar, en donde no faltan recursos y sí se vigila que todo marche correcto y seguro.
Frecuentemente el presidente visita el avance constructivo de estas obras, las cuales se realizan “por encargo especial a favor del Ejército”, para que mantenga lo que economistas llaman “pleno empleo”. Aunque históricamente nunca hemos visto a un soldado desempleado.
Lo cierto, es que esa famosa Línea 12 del Metro estuvo plagada de irregularidades y fallas desde su proceso de construcción hasta la inauguración, en 2012, casi al término de la gestión al frente del gobierno de la Ciudad de México, nada menos que de Marcelo Ebrard, flamante actual secretario de Relaciones Exteriores, y como su secretario de Finanzas, Mario Delgado Carrillo, ahora dirigente del partido Morena. Para nada pueden escudarse en que “se trata de una obra de gobiernos anteriores”.
Algunos de los errores cometidos por estos personajes, consistieron en tomar decisiones aprobadas en “petit-comité”, para utilizar vagones de fabricación china, “por ser más baratos, aunque fueran de diferente tamaño”, en lugar de los franceses, con una tecnología ya dominada por empresas constructoras mexicanas. “Adecuarlos, resultó todavía más caro”, según opinión de técnicos especializados participantes en el proyecto. En otras estaciones de esa Línea 12, surgieron otros errores, que detuvieron su operación más de un año.
Las constructoras privadas que participaron en la Línea 12, fueron: ICA, CICSA y ALSTOM. Ahora se sabe que, al menos dos de ellas, participan en los proyectos novedosos y de altas inversiones: “Tren Maya” y “Refinería Dos Bocas”. ‘Más vale malo por conocido, que bueno por averiguar’, indica el dicho.
“El pueblo bueno y sabio” y “primero los pobres”, son frases que no se cansa de repetir el presidente López Obrador, cuando confirma que él se debe a los pobres. Y sí, desde cualquier lado que se le vea, en su desempeño con los pobres, ellos son y seguirán siendo los paganos de las fallas e ineficiencias gubernamentales durante este gobierno.
Hay ejemplos palpables: la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco. Nada más por indemnizaciones a empresas nacionales y extranjeras, que ya habían invertido, no fueron 100 mil millones de pesos estimados previamente, sino que la cancelación se cerró en 332 mil millones de pesos, como lo constató la Contraloría General de la Federación.
Estos cuantiosos fondos “¿de dónde creen, amigos lectores, que salieron?”. Pues de los impuestos y de bolsillos de los pobres, porque esa altísima cantidad pudo haberse invertido para que los campesinos mejoraran sus condiciones de cultivo de las tierras de temporal, donde todavía utilizan la tracción animal, y sorpréndase: Alrededor de un millón de pequeñas parcelas en laderas de varios estados del país, aún se trabajan con ¡“tracción humana”!.
La cancelación de las estancias infantiles de todo el país, que beneficiaban en gran medida a las mujeres madres, trabajadoras esforzadas y pobres económicamente, los recursos gubernamentales que les servían de apoyo fueron a parar al “montón” que, “por orden presidencial”, se canalizaron para programas sociales distintos y a obras prioritarias para el jefe del ejecutivo.
Otros recursos presupuestales federales que tuvieron un destino parecido a los dineros del párrafo anterior, fueron los correspondientes a la cancelación de fideicomisos federales. En total, se conjuntaron más de 80 mil millones de pesos. No se sabe si “se encuentran secuestrados, perdidos o, de plano, les dieron mate”. Todos estos recursos se les negaron de manera muy importante a las familias pobres.
En lo que va de esta administración, el presupuesto federal para el desarrollo del campo, ha mantenido un ritmo a la baja. No se sabe a ciencia cierta cómo es que funcionarios del sector agropecuario afirman que en 2019 y en 2020, el Producto Interno Bruto del sector agropecuario y pesquero aumentó al menos en 2.3 por ciento, y que el país mantiene una balanza comercial superavitaria; es decir, es más lo que exportamos que lo que importamos.
Desde el ángulo laboral, de acuerdo con reportes de organismos reconocidos, durante 2019 y 2020, hubo un desempleo cuantificado en casi 12 millones de puestos de trabajo, en tanto que, en particular en el 2020, el Producto Interno Bruto cayó casi el 10 por ciento. El tremendo desempleo afectó a los pobres. A nadie más.
