Así como le retiraron 18 policías municipales que le servían de escoltas al ex alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, quedándose con tres que deberán reintegrarse a sus funciones públicas antes de que concluya el año, también se debería hacer lo mismo con los agentes estatales que escoltan a ex gobernadores, políticos y funcionarios públicos.
Valdría la pena que Sonia Villarreal Pérez, secretaria de Seguridad Pública del Estado, y Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía General del Estado, informarán si hay agentes al servicio de Eliseo Mendoza, Rogelio Montemayor, Enrique Martínez, Humberto Moreira, Jorge Torres, Rubén Moreira, Verónica Martínez, Jericó Abramo, Jaime Bueno y Cristina Amezcua González, por mencionar algunos.
Drogadicción y violencia de género
Hoy en día, esos agentes policiacos no cumplen con su función pública como lo demenda la sociedad coahuilense, para ayudar a esclarecer y enfrentar los delitos que se cometen, como el narcomenudeo, cuya droga sintética más utilizada es la conocida como cristal que consumen niños desde los 11 años hasta personas que no rebasan los 35 años.
Para conocer lo grave de la situación, solo hay que preguntarle a Norma Alicia Pérez Reyes, directora de los Centros de Integración Juvenil sobre el alto consumo de esta droga en Saltillo, Ramos Arizpe, Torreón, Monclova, Frontera, Piedras Negras y Ciudad Acuña, por citar las ciudades más importantes de Coahuila. Estos Centros de Integración Juvenil trabajan con serias carencias y carecen de personal especializado.
La adicción hacia el cristal obligó al departamento de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaria de Salud a cargo de Roberto Bernal Gómez, a intensificar sus campañas, a través de espectaculares en todo el Estado, sobre cómo el consumo de esta droga puede conducir a la muerte.
Por eso es menester, que estos policías que sirven de guaruras a ex gobernadores, políticos y funcionarios públicos regresen a sus funciones públicas a ayudar a enfrentar estas problemáticas que tienen que ver con la seguridad, pues la drogadicción entre niños y jóvenes desde hace tiempo se salió de control, aunque las autoridades se nieguen aceptarlo.
Otro problema que se debe abordar, es el crítico panorama que advirtió desde el año pasado el Instituto Coahuilense de las Mujeres a cargo de Katia Salinas Pérez, sobre el alto número de embarazos de menores de edad, así como la violencia hacia las mujeres que son agredidas por sus parejas bajos los efectos del alcohol y drogas como el cristal, lo cual se incrementó con la pandemia del Covid, que obligó a que las familias se encerraran en sus casas para no contagiarse del virus.
Saltillo, Ramos Arizpe y Torreón son los municipios con el mayor número de casos en estas problemáticas, que al parecer han rebasado a las autoridades, según lo establece un censo que ordenó el secretario de Gobierno Fernando de las Fuentes Hernández.
Las colonias Mirasierra, Federico Berrueto Ramón y José María Morelos en Saltillo; el ejido Paredón y los sectores Valle Poniente y Analco en Ramos Arizpe; las colonias Francisco Villa, Lázaro Cárdenas y Eduardo Guerra en Torreón, concentran el mayor número de embarazos de niñas y adolescentes, así como agresiones físicas contra mujeres.
Por eso es menester, que los próximos alcaldes de estos municipios: José María Fraustro Siller, José María Morales Padilla y Román Alberto Cepeda, tengan en su agenda, como prioridad, atender estas problemáticas, cuyas víctimas son niños, adolescentes y jóvenes.
