Luis Fernando Hernández González.
Ante una actitud imperativa por parte de la administración que encabeza el presidente López Obrador, el consejo general del INE, se aboca a realizar la consulta nacional en la que se plantea la revocación de mandato, que como de distinta forma se ha expuesto, se carece de los recursos económicos para dar la cobertura en la instalación de las 160 mil casillas electorales que den certeza, validez y carácter vinculante a este importante proceso de participación ciudadana, se aclara que por razones presupuestales solo se habrán de instalar 57 mil casillas para votar.
El entrampamiento y consigna que se cierne sobre el INE, estriba que ante la insuficiencia presupuestal, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha modificado los lineamientos para la organización de la revocación de mandato, por lo que para la instalación de casillas se usará como base a las Unidades Territoriales aprobadas para la consulta popular del año pasado, misma operación consultiva que arrojó inapreciable participación ciudadana, situación que será sin duda de ser semejantes resultados, elementos que habrán de utilizar los detractores del organismo electoral para descalificarlo y pedir su inhabilitación y plantear la reconfiguración de un nuevo INE, acorde a los intereses del mandato gubernamental.
Debemos de ser atentos al significado de este ejercicio, que al salir sus resultados como propósito solicitado por la autoridad, se busca en el mismo cubrir necesidad de sentido coercitivo para su mismo respaldo de estrategia en la política social; pues como todos bien lo consideramos una revocación de mandato se debe de plantear desde el criterio oposicional de inconformidad ciudadana, para dar atención a incumplimientos y fallas en el uso de los recursos públicos y en las expectativas que dieron origen a una confianza en la conducción de autoridad pública.
Para nadie en el ámbito político del país es ajeno la serie de agresiones y asaltos, que la misma autoridad federal ha venido machacando contra este órgano electoral y los consejeros que lo integran, tanto desde el punto de vista jurídico como en las discusiones, controversias y debates al interior del propio consejo electoral, toda vez que de manera reiterada se les busca descalificar y exponer ante la opinión pública, al decir que este órgano electoral ciudadano está al servicio de intereses ajenos a los de la misma sociedad, argumenta el mismo Presidente de la república.
Para nadie con un nivel de cultura informativa, puede desconocer los propósitos que se esgrimen por parte del gobierno y su partido, al dar a conocer sueldos y salarios, gastos y prerrogativas del que hace uso para la función operativa de esta institución, al exhibirse según se sostiene un dispendio y abuso en una sociedad de pobreza y múltiples necesidades.
Después de discusiones y controversias conceptuales tanto políticas, organizativas procesales y financieras, que se dieron entre el árbitro electoral como lo es el Instituto Nacional Electoral, los integrantes del partido político Morena, conjuntamente con elementos del mismo partido en el Poder Legislativo, además del llamado de ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación , para que avanzara la aplicación de consulta a la ciudadanía del país, se lograron acuerdos que mediante una mecánica limitativa de recursos se habrá de aplicar esta consulta , que tiene como único fin revocar el mandato del presidente o bien ratificar su estadía en dicho cargo por lo que dure el presente sexenio constitucional 2018-2024.
Los claros y perversos motivos que bajo distintos signos de presión han recibido algunos consejeros del INE; dan clara muestra de desesperación y abatimiento de este gobierno, por los que transita en estos momentos sociales y políticos la administración de mínimos resultados sociales que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Base de una situación que obliga a generar una estrategia política, que bajo los cauces de recursos disponibles de la hacienda pública, se busque crear artificialmente un ambiente de motivación política hacia la persona del presidente, para de esta forma crear una cortina de humo que le permita al mismo López Obrador, continuar con las vanidades psíquicas en su egolatría de mesías y salvador de la patria. Para de esta forma buscar afianzarse en este tiempo electoral en 6 estados del país que habrán de elegir gobernador en sus respectivas entidades.
Al enumerar los alcances y condiciones aquí, se argumenta el contenido de dicho planteamiento cuyo fin establece la iniciativa como lo es la Revocación de Mandato, entendida como el mecanismo que permite a los ciudadanos sustituir democrática y legalmente a los gobernantes elegidos popularmente. La revocación de mandato es una de las formas de democracia participativa más acabada y tal vez por ello, de las menos adoptadas por las democracias tradicionales planas y representativas.
Para nutrir la información a los ciudadanos podremos decir que de acuerdo a estas definiciones, se podrán identificar los rasgos y alcances que contiene esta iniciativa por aplicar dentro de sus características jurídico-constitucionales, para de esta manera ampliar el sentido participativo de una sociedad que hoy en día se presenta en una ebullición social para aquí contemplar su libre participación democrática, bajo los siguientes conceptos:
- Es un derecho o facultad que asiste a los electores.
- Tiene por objeto la destitución de un servidor público de elección popular antes que expire el período de su mandato.
- Requiere el acuerdo de la mayoría de los electores.
- Puede promoverse por diversas causas, referentes al ejercicio de sus funciones.
En usted está la participación de acudir o no acudir, el próximo 10 de abril a las urnas y expresar su rechazo al trabajo de López Obrador, buscando deponerlo del encargo que ostenta o bien dar su respuesta para que continúe con sus variadas consecuencias hasta el final de su sexenio administrativo que será en el año 2024.
