- Por encima de la ley nada ni nadie, sólo los intereses de grandes empresas.
- Reinician tramo 5 del Tren Maya a pesar de las suspensiones por daños al medio ambiente.
Abigail A. Correa Cisneros.
Sin resolución definitiva de un juez se reanudaron los trabajos de construcción en el tramo 5 del Tren Maya. El gobierno federal declaró la obra como de Seguridad Nacional, lo que permitió seguir los trabajos que estaban pausados debido a la falta de una evaluación de impacto ambiental.
El tramo que corre de Playa del Carmen a Tulum volvió a arrancar pese a los amparos promovidos por organismo ambientalistas que refieren afectaciones que implica la obra contra cenotes, cavernas, fauna, arqueología, agua, entre otros problemas.
La decisión se sostiene bajo el acuerdo expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 22 de noviembre de 2021, mediante el cual “se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México”, donde se incluye “aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”. El gobierno federal se comprometió a terminar el Tren Maya para diciembre de 2022 y para alcanzar este objetivo se pasará sobre quien sea.
Hace un mes publicaron el reporte en cuestión, donde detallan que la construcción de esta mega obra contribuirá a reordenar el entorno con medidas de mitigación y acciones de conservación y protección del medio ambiente ya que se prevé minimizar posibles impactos con programas de conservación de suelos, aire y agua, además de vigilancia ambiental, reubicación de flora y fauna, y medidas derivadas de estudios geotécnicos e hidrológicos, principalmente.
El Tren Maya se plantea como un proyecto que beneficiará a los pobladores mediante la creación de empleos y mayor derrama económica. Sin embargo, los que se oponen argumentan que únicamente beneficiará a los grandes hoteles y empresas de turismo. Además, la privatización también avanza. Cada vez se desplaza más a la población originaria, a pesar de que la misma ha luchado contra grandes competidores en cuestión de turismo.
Con el Tren Maya, la penetración en los territorios rurales por parte del capital turístico crecerá más, como pasó con proyectos como la declaración de Pueblos mágicos, haciendas del Mundo Maya y la privatización de los cenotes cercanos a zonas arqueológicas y lugares turísticos, ubicados en tierras de uso colectivo como Chichen Itzá, Ek Balam, Valladolid o Bacalar, donde la laguna ya tiene el 45 por ciento ocupado por residencias particulares y no existe un buen manejo de sus aguas negras ni cuidado de las fosas sépticas.
Y no es que resulte malo el crecimiento económico mediante el aumento de turismo. Lo es cuando el impacto ambiental comienza a afectar sin que el gobierno actúe para contrarrestar, como sucede en la Laguna de los siete colores, donde se reconoció la contaminación del agua, afectando a la población lo mismo que a la flora y fauna, desde que se declaró pueblo mágico en 2007.
Los beneficios del proyecto del Tren Maya quedan en duda cuando desde un inicio no se cumplió con normas impuestas por el mismo gobierno, como lo son los estudios de impacto ambiental y la consulta a los habitantes de la región que por ley deben realizar.
Por otra parte, es verdad que desde los sexenios pasados se dieron permisos para depredar la selva mexicana y quienes hoy reclaman no se manifestaron entonces. Sin embargo, hubo quienes alzaron la voz y tampoco se les escuchó.
Desde el Centro
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades a que realicen investigaciones prontas y diligentes en torno al asesinato del defensor indígena Crispín Reyes Pablo, perpetrado el 14 de julio pasado, en el municipio de San Juan Juquila Mixes, Oaxaca. Al parecer, el defensor comunitario fue asesinado, con arma de fuego, mientras trabajaba en una propiedad cerca de Juquila Mixes. Hasta enero de este año, se desempeñaba como agente municipal de la comunidad indígena de Guadalupe Victoria, representando y defendiendo los derechos de sus integrantes, especialmente de las 128 familias que habrían sido forzadamente desplazadas en 2017… La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, expuso un nuevo audio de Alejandro Moreno, pese a que horas antes se emitió una suspensión provisional para frenar la difusión del material. Se escucha al político hablando sobre una represalia que operó en contra de un periodista que lo criticó en una columna y hace alarde de su relación con los medios de comunicación.
