Luis Fernando Hernández González.
En tiempos de crisis de confianza gubernamental, la ciudadanía se ve obligada a la participación en la construcción de su destino, sea este de índole político, económico, social y de sobrevivencia, bajo las herramientas que le facilite el derecho como instrumento regulador de toda acción pública y gubernamental.
Razón por lo cual es necesario que a través del cumplimiento de sus normas se alcance el resultado que se busca, la formación de buenas leyes y la toma de decisiones colegiadas, que sirvan para facilitar la convivencia de todos, al ser hoy un importante momento para la aplicación de conjunción de fuerzas coadyuvantes como lo es la aplicación de medidas de consulta resolutivas que se dan con la figura de lo que es el parlamento abierto, el cual contiene según lo señala su figura coercitiva, una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y los poderes legislativos que fomenten la apertura parlamentaria, con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la ética y la probidad parlamentarias con el uso y disposición de contenidos públicos como en este caso son los recursos económicos financieros y hacendarios de que disponga el presupuesto de la nación.
En esta alianza de necesidad coyuntural que reclaman los intereses políticos de México, es necesario poner en práctica una consulta nacional, para definir mediante las aportaciones de personas, sectores, especialistas expertos y gobiernos de los distintos niveles la valoración y sugerencias de la mejor aplicación presupuestal que en estos momentos de respuesta a las parvedades que con urgencia plantea el desarrollo social y económico del país.
Pues de manera clara y sin limitación alguna la sociedad mexicana en estos tiempos de la actual administración federal nos hemos dado cuenta de la participación obsequiosa que ha venido realizando una mayoría parlamentaria para dar satisfacción incondicional a las distintas propuestas de orden económico plateadas por el titular del poder ejecutivo federal, mismas que son aprobadas sin ningún reparo en la medición de sus resultados y si bajo consecuencias que se fincan en la contracción y retroceso económico para la sociedad, al ejercer de manera discrecional los recursos de la hacienda pública que son el esfuerzo productivo de todos los contribuyentes que existen en México.
Es entonces necesario la aplicación de mecanismos que nos aporte la consulta de parlamento abierto presupuestal para 2023, la mejor manera de dar claridad en la aplicación de estos recursos para bien de la nación y de esta forma limitar aquellas características nocivas y arbitrarias que derivan de una soberbia ejecutiva, para de esta forma garantizar el derecho de acceso a la información sobre la que producen, poseen y resguardan, mediante mecanismos, sistemas, marcos normativos, procedimientos, plataformas, que permitan su acceso de manera simple, sencilla, oportuna, sin necesidad de justificar la solicitudes e imparcialidades con las que hasta ahora se ha conducido el presidente de la república, al sentirse dueño absoluto de la nación.
Será entonces mediante la aplicación de parlamento abierto, la mejor consulta legislativa que derive en compromiso de un equilibrio, certero, claro, trasparente equitativo, eficiente y eficaz, cuya organización presupuestal que dé certidumbre económica para bien de la sociedad y del esfuerzo participativo de la sociedad y de los distintas agentes productivos que la integran, al obtener como resultado de esta consulta una viabilidad, convincente y segura que fortalezca la equidad gubernamental y el creciente en materia económica de toda la geografía nacional.
Ante una expresión como esta de parte del Administrador Fiscal de Coahuila Javier Díaz González, es importante considerar sus palabras, cuando señala del “estrangulamiento y la asfixia presupuestal” del gobierno federal en contra de Coahuila al día de hoy (27 de agosto de 2022) puede cuantificarse en más de 18 mil millones de pesos –en toda la administración– por recortes de fondos, menos dinero del autorizado por legisladores, y cero pesos para infraestructura, además para el 2023 se espera que la situación sea peor, explicó Díaz González.
El presupuesto debe de estar establecido en el análisis, la discusión, la valoración y la mejor decisión que de satisfacción a todos los sectores, para que nunca sea producto de una simulación que solo busque dar complacencia a quien se dice representar los intereses de la sociedad y de la nación.
Un ejemplo que se puede valorar en este gráfico de 2020 y sus resultados que generan múltiples dudas en cuanto a su aplicación presupuestal al servicio de los habitantes del país.
