Fernando Rangel de León.
Se ha dado en llamar plan B al proyecto alternativo respecto al plan A, cuando éste no puede realizarse; como en el caso de la proyectada reforma constitucional al Instituto Nacional Electoral INE, que no se realizó en 2022, porque para ello era necesario que los partidos que apoyaron la iniciativa presidencial para dicha reforma alcanzaran la mayoría calificada de votos que son las dos terceras partes o más de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; y que no se logró.
En ese plan A, se tocaban cuestiones estructurales del INE, que están en la Constitución, que ahora con el plan B no se están abordando; pero sí se propone reformar la ley electoral para que el INE, no sea el Leviatán, el poder omnímodo dentro del Estado, como lo es actualmente con los descomunales sueldos del Presidente Consejero Lorenzo Córdova Vianello y los 10 consejeros del INE, y sus múltiples atribuciones metaconstitucionales para elevárselos a su propio arbitrio, despilfarrar enormes recursos públicos en rentar módulos aquí y allá en todo el país y hacer elevados gastos superfluos, sin más límites que sus desmedidas ambiciones.
Pero la corrupción del INE no solamente consiste en tener un presupuesto público de miles de millones de pesos que manejan a su antojo los mencionados integrantes de su Consejo General, sino que se extiende a favorecer a los partidos que los propusieron de consejeros y perjudicar a los partidos contrarios; como se ha visto en este sexenio en que se han ensañado en contra de los aspirantes candidatos del partido que está en la Presidencia de la República, a los que sistemáticamente se les niega el registro o se les sanciona por actos electorales anticipados.
También la corrupción del INE, se refleja en coartar el derecho a la libre expresión de los funcionarios públicos que externan confianza y simpatía por aspirantes a ser candidatos a un puesto de elección popular, sin hacer labor de proselitismo; sino nada más porque tienen un puesto gubernamental.
Por esa reforma a la ley electoral los que viven del INE y para el INE y los beneficiarios del INE, se están movilizando para que la Cámara de Senadores, no apruebe esas modificaciones que ya aprobó desde el año pasado la Cámara de Diputados, que reduce el sueldo de sus consejeros, pero no el de los empleados quienes seguirán en sus puestos de trabajo; confundiendo los opositores a la opinión pública haciéndole creer que los van a correr.
Con las reformas a la ley electoral no se va a afectar para nada el voto, pues este es un derecho inalienable e imprescriptible de todos los ciudadanos que con el INE reformado pueden ejercer aun todavía más con toda la libertad del mundo.
Sin embargo, los que quieren que el INE siga siendo un nido de corrupción están convocando a una marcha para defenderlo el domingo 26 de febrero, a la que asistirán los de siempre, los que están defendiendo a Genaro García Luna, los que se oponen a la transformación, los que están en contra de que el pueblo se dé el gobierno que él quiere.
A 20 días de esa marcha, el 18 de marzo habrá otra marcha para celebrar la Expropiación Petrolera de 1938, a los que asistirán también los de siempre, los que están en favor de que la historia continúe en favor de las grandes mayorías como lo viene haciendo desde la Independencia, la Reforma y la Revolución.
