José C. Serrano Cuevas.
Sin lugar a dudas, el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es uno de los artículos más populares entre los extranjeros, aunque no se conozca su contenido real y su alcance. Es común escuchar la broma entre los extranjeros, «no hablo porque me aplican el 33», lo que implica que el extranjero podría decir algo relacionado con la política interna del Estado mexicano, y no lo puede decir, a riesgo de expulsión del territorio mexicano.
Además, se escuchan narraciones reales o quizá fantasiosas de que por alguna venganza política tal o cual presidente expulsó a tal o cual extranjero o extranjera. Lo grave y alarmante, es que en un sistema donde el presidente tiene amplísimos poderes esto es posible, y más cuando se parte de una fórmula constitucional bastante vaga que da cabida a que se produzcan tales temores.
El modelo de expulsión de extranjeros desde México responde a un momento histórico determinado por fuertes amenazas del exterior, que sufría el joven Estado mexicano.
Las amplias facultades otorgadas por la Constitución al ejecutivo, con un sistema que configura una «presidencia imperial», degeneraron en poderes amplios del presidente que dieron motivo a muchas injusticias y a la utilización del famoso artículo 33 contra activistas de derechos humanos, periodistas y otros entes de pensamiento crítico.
En el levantamiento indígena de 1994, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), fueron expulsados entre 1996 y 1998, 57 extranjeros con base en el artículo 33 de la Constitución: 5 estadunidenses, 4 españoles, 2 canadienses, 2 belgas, 1 alemán y 43 italianos.
Estos extranjeros eran activistas de derechos humanos que vieron en la causa indígena un buen motivo de lucha, pero el gobierno mexicano, encabezado por Ernesto Zedillo Ponce de León, en ejercicio de la facultad derivada del artículo 33 decidió expulsarlos. En realidad, no se sabe qué tanto estos activistas ponían en peligro la paz interna o la seguridad del Estado.
La preocupación de México por apegarse a la proteccción de los derechos humanos, no puede cumplirse sin hacer cambios importantes a la Constitución mexicana, concretamente modificando el artículo 33, manteniendo la facultad del Estado para expulsar extranjeros, pero concediéndoles las garantías de legalidad y audiencia, contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales; hacerlas congruentes con el artículo 1o. de la Carta Magna y con el marco jurídico internacional.
Al tenor de esta breve referencia histórica, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió el miércoles 8 de marzo una iniciativa a la Cámara de Diputados para reformar el artículo 33 constitucional, con la que se busca evitar la expulsión de personas extranjeras que opinen o que participen en asuntos políticos del país.
De acuerdo con el proyecto, se trata de una modificación que es armónica con el artículo 1o. de la Constitución que, expresamente dispone que en México «todas las personas gozarán de los derechos humanos», como la libre manifestación de las ideas.
Sin embargo, se derogaría el tercer párrafo de dicho artículo, con lo que se garantiza la protección a las y los extranjeros pese a inmiscuirse en asuntos internos.
El tema comenzó a tratarse en diciembre de 2022, cuando el expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, pidió la expulsión del polémico asesor de Morena, Abraham Mendieta Rodríguez, quien es originario de España.
Ante estos señalamientos AMLO salió en defensa del joven asesor ibérico, y anunció que planeaba derogar el tercer párrafo del artículo 33, pues, afirmó que ya son otros tiempos, y ahora la ciudadanía es completamente libre.
Mendieta es investigador especializado en discurso político, nacionalismo y populismo en el siglo XXI. Su formación académica especializada se inició en la Universidad Complutense de Madrid, España. Más tarde realizó un intercambio que le permitió emprender estudios sobre ciencia política en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Igualmente, Abraham Mendieta Rodríguez se ha desempeñado como observador internacional, y como ponente en congresos académicos, conversatorios y parlamentos regionales, así como en el Senado de la República de México.
Fue por eso que en 2019 el Partido Acción Nacional (PAN) pidió su deportación; lo que el partido cuestionaba era que un extranjero diera un discurso en el Senado de la República.
No obstante que la iniciativa de reforma va con dedicatoria, puede, de aprobarse, significar un avance en materia de apertura hacia la participación de los ciudadanos del mundo.
