David Guillén Patiño.
Fue a partir de que Felipe Calderón sacó al ejército a las calles, declarándole tácitamente la guerra al narco, que la creciente participación de las fuerzas armadas en la vida de la sociedad civil ha entrado en un cerrado debate.
No solo el gobierno de Calderón Hinojosa se ha apoyado en la milicia, para bien o para mal, sino también el propio Andrés Manuel López Obrador, aunque con fines distintos, es decir, orientados, como él asegura, al bienestar social.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son cinco las misiones generales de las instituciones militares:
Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y, en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes, así como la reconstrucción de las zonas afectadas.
En cuanto al uso que le puede dar el titular del Ejecutivo federal, nuestra Carta Magna establece: Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes: fracción VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Fracción VII. Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley. Fracción VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión.
En vista de lo anterior, la controversia no gira en torno a si el presidente se extralimita en el uso de sus facultades y atribuciones, sino en el grado de preponderancia que otorga a las fuerzas armadas y qué tanto podrían estas estar invadiendo, para bien o para mal, las funciones de otras instituciones, sobre todo las encargadas de preservar la paz y tranquilidad social.
Mientras tanto, es un hecho que ya quedaron en el pasado las funciones que tradicionalmente se le atribuían al ejército. Precisamente en el sexenio calderonista había voces que exigían que los militares regresaran a los cuarteles, posibilidad que, incluso hoy día, sentimos cada vez más distante.
Por otra parte, abundan los líderes de opinión que ven en el creciente protagonismo de la milicia el establecimiento sutil de un régimen dictatorial, aunque, a la par, también se observa a grupos de efectivos que salen a las calles, pero no para cumplir tareas que les impone el respectivo marco legal, sino para manifestar públicamente sus inconformidades, como cualquier otro gremio de la sociedad civil. Definitivamente, estos son otros tiempos.
Curiosamente, en el marco del aniversario 109 de la creación del Ejército Mexicano, conmemorado el año pasado en Ramos Arizpe, Coahuila, el jefe del mismo, Luis Cresencio Sandoval, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador las “nuevas tareas” asignadas a las Fuerzas Armadas, que incluyen, entre otras, la seguridad pública, el control migratorio, la construcción de obras, servicios médicos y actividades de fomento turístico.
Me pregunto si es dentro de estas encomiendas adicionales como los mexicanos debemos festejar la instauración del ejército. Tratando de encontrar algún sentido al nuevo quehacer de los militares, quizá tengamos que revisar la forma en que las fuerzas armadas han irrumpido en la historia reciente del país.
También fue en el municipio de Ramos Arizpe donde, según los registros oficiales de la época, “los jefes de las fuerzas constitucionalistas celebraron una asamblea en la Hacienda de Guadalupe, estado de Coahuila”. El objetivo: firmar lo que pasó a la historia como el Plan de Guadalupe:
El texto consigna enseguida: “Reunidos varios representantes de todas partes del país, acordaron desconocer al gobierno actual y, después de entrar en varias consideraciones con referencia a las causas que lo originaron, se acordó unificar el movimiento revolucionario, bajo las siguientes bases:
“1.- No reconoceremos al Gral. Victoriano Huerta como presidente de la República.”
“2.- No reconoceremos los poderes legislativos y judiciales Federales.”
“3.- No reconoceremos a los Gobernadores de los Estados que obedezcan al poder central treinta días después de la promulgación de este Plan.”
“4.- A fin de organizar debidamente el ejército que nos ayudará a obtener nuestros propósitos nombramos jefe militar Supremo de las armas Constitucionales al C. Venustiano Carranza actual Gobernador del Estado de Coahuila.”
“5.- Cuando las tropas constitucionalistas ocupen la Ciudad de México, el C. Venustiano Carranza o el que ocupe el mando Supremo del Ejército Constitucionalista asumirá la Presidencia Provisional.”
“6.- El presidente Provisional de la República, convocará a elecciones generales tan pronto como se restablezca el orden y entregará el Poder a las personas electas por el Pueblo.”
“7.- Los comandantes en jefes de las fuerzas constitucionalistas en los Estados en los cuales haya sido reconocido el gobierno de Huerta asumirán el gobierno provisional del Estado y después que hayan pasado a ocupar su empleo los primeros Magistrados de la Nación, electos popularmente en virtud de la Cláusula anterior convocarán á Elecciones populares en sus respectivos Estados entregando el poder local a los elegidos por el pueblo.”
“Firmado de la Hacienda de Guadalupe, Edo. de Coahuila, el 26 de marzo de 1913.”
“Siguen las firmas de setenta (70) jefes y oficiales constitucionalistas que se comprometen a defender con las armas el Presente Plan.”
Este fue el origen del Ejército Constitucionalista, que vino a suplir a la armada de Victoriano Huerta, quien, un mes antes de la firma de dicho plan, había enviado telegramas a los gobernadores para notificarles que el Senado le había autorizado asumir el Poder Ejecutivo, reemplazando en la presidencia a Francisco I. Madero, quien, junto con su vicepresidente, José María Pino Suárez, se encontraba preso. Dos días después, llegó a Coahuila la noticia de que ambos habían muerto.
Antes de dichos acontecimientos, el día 19 de ese mismo mes, el XXII Congreso Constitucional del Estado Libre, Soberano e Independiente de Coahuila, por medio del Decreto 1421, desconoció el gobierno del general Huerta, y le concedió al Gobernador Venustiano Carranza las facultades para conformar un ejército que restituyera el orden Constitucional.
Así fue como Venustiano Carranza y un grupo de hombres armados, entre ellos, 70 jefes y oficiales de todo el país, se trasladaron al norte, llegando el 25 de marzo de 1913 a la Hacienda de Guadalupe, entre ellos, los tenientes coroneles Cesáreo Castro, Juan B. Treviño y Lucio blanco; los tenientes Lucio Dávila, Juan Dávila y Andrés Saucedo; los mayores Luís Gutiérrez, Daniel Ríos Zertuche y Juan Castro, y el capitán primero Alfredo Breceda.
El Plan de Guadalupe, habiéndose redactado y firmado el 26 de marzo de 1913, se promulgó en Eagle Pass el 31 de marzo de ese mismo año.
Como ya vimos, el plan consta de siete breves artículos y, para cumplir los objetivos que estos planteaban, se organizó un cuerpo militar, siendo Venustiano Carranza designado jefe del Ejército Constitucionalista; para organizarlo, emitió nombramientos y órdenes, destacando el decreto del 4 de julio de 1913 en el Cuartel General de Monclova, en el que ordenó la creación de siete cuerpos castrenses.
En una reseña de la Secretaría de la Defensa, se halla el siguiente comentario: El Plan de Guadalupe cumplió su propósito tal como fue diseñado, fue un plan político de acción, muy pragmático, con él se logró unir nuevamente a las fuerzas maderistas y organizarlas en un ejército; consiguió que Estados Unidos no reconociera al gobierno de Huerta.
Posteriormente, “el 13 de agosto se firmaron los Tratados de Teoloyucan, con los que se disolvió al Ejército Federal y, como muestra del triunfo Constitucionalista, el 20 de agosto entró Carranza a la Ciudad de México. Con ello, la parte medular del Plan de Guadalupe alcanzó el éxito.”
Hoy, en relación con las fuerzas armadas, la narrativa es otra: El gobierno federal le ha asignado al Ejército Mexicano realizar alrededor de 240 tareas que debieron hacer otras dependencias federales, o bien, gobiernos estatales o municipales. (El Economista, 11 de septiembre de 2022).
Estamos a unos días de volver a honrar en cierto modo a nuestras fuerzas armadas, base del movimiento revolucionario, precursoras de un país de instituciones, garante de la paz y columna de la soberanía nacional. ¿Hay algo más qué festejarle, que no sean, por cierto, las violaciones a los derechos humanos que se le señalan?
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