Abigail Angélica Correa Cisneros.
El gobierno de Yucatán busca mejorar la calidad de vida de sus pobladores. Pero no de los indígenas mayas ni de ciudadanos de zonas marginadas.
Es indignante cómo en varias ocasiones la policía ha reprimido a pobladores que se manifiestan en contra de construcciones que sólo afectan al medio ambiente, acaparan el agua y contaminan los cenotes, su única fuente de agua potable.
Este mes, habitantes del municipio Ixil denunciaron que el gobierno intenta despojarlos de sus tierras. Los pobladores denunciaron que la policía intentó dispersarlos con gas lacrimógeno y armas.
Afirman que esos terrenos son ejidales y se utilizan para cultivos y apicultura por lo que defenderán el espacio que el gobierno pretende ocupar para construir un fraccionamiento de lujo, obteniendo los terrenos mediante fraudes, denunciaron los habitantes de Ixil.
Mientras tanto, el Ayuntamiento no se ha manifestado. Pero la tensión sigue con la presencia de uniformados que custodian más de 300 hectáreas en las que hasta hace unos días los campesinos cultivaban alimentos y donde ahora se construirán departamentos exclusivos para extranjeros, según denuncian los pobladores.
Los yucatecos temen se expanda más la gentrificación en el estado, porque prácticamente serán corridos de sus tierras.
Algo similar pasó en febrero en la localidad maya Sitilpech. Policías llegaron de madrugada para reprimir a los pobladores que se oponían a una megagranja que estaba contaminando los cenotes. Vivir ahí ya era insoportable. Rodeados de moscas y respirando un aire pestilente debido al excremento de la granja que desde 2013 se instaló, afectando a 1400 habitantes. La empresa Kekén, junto con el gobierno, según narran los pobladores, encarceló a ocho activistas mayas. La policía estatal reprimió un campamento conformado por mujeres y donde agentes sin uniforme detuvieron a cuatro jóvenes.
Los activistas del del colectivo Esperanza para Sitilpech, siete hombres y una mujer, fueron procesados por “daños a las vías de comunicación cometidos en pandilla”, acusados directamente por el gobierno de Yucatán, que encabeza el panista Mauricio Vila.
La Constitución mexicana reconoce los símbolos distintivos de los estados y hace dos días el gobernador de Yucatán izó la bandera del estado por primera vez desde hace 182 años. En 1841 se creó la bandera de Yucatán como símbolo de rompimiento con el gobierno central de México.
Las acciones violentas a manos de elementos de seguridad del estado exponen que el gobierno de Mauricio Vila sólo toma en cuenta a los pueblos originarios para la foto.
El portal ZonaDocs publicó que en Mérida “proliferan los proyectos de privadas y fraccionamientos que se construyen sobre tierras arrebatadas a pueblos y ejidos –en más de un caso, mediante la adulteración de títulos y permisos, y haciendo gala de un blindaje político que no se disimula–. Y las superficies de selva arrasada se han vuelto una constante a la sombra de avisos de comercializadores que publicitan las bondades de sembrar con ladrillos y concreto los ecosistemas aún de pie del sureste del país”.
Las comunidades de Ixil y Kinchil denuncian los atropellos al derecho sobre sus territorios y que hay mafia inmobiliaria que, en complicidad con las autoridades, opera apropiándose ilegalmente de terrenos de uso común. Supuestamente la alcaldesa Sandra Raquel Pech Chi otorgó documentos que avalan la venta de estos terrenos.
En este presunto despojo están relacionadas familias Abimerhi y Millet, dueñas de gasolineras y de empresas de transporte y construcción de Yucatán y a quienes se señala por “importantes” contribuciones a la campaña de elección del gobernador Mauricio Vila.
En febrero de este año, y previa denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), las y los vecinos de Ixil lograron la suspensión de un megaproyecto de lotes que la inmobiliaria Aludra pretendía llevar a cabo, sin ningún permiso o aval, sobre más de 700 hectáreas de tierras ejidales cubiertas de monte. Pese a carecer de cualquier tipo de autorización, Aludra incluso llegó a comercializar cerca de 16 hectáreas de esa misma superficie por un valor de 65 millones de pesos.
Los pobladores solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), la apertura de una investigación sobre las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de los pobladores de Ixil por la Fiscalía General del Estado de Yucatán y la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP) y la intervención de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y al Registro Agrario Nacional (RAN).
Otros municipios están en la misma situación, Kinchil, Seyé, Tetiz, entre otros, en los que prevalece el fraude para despojar de sus tierras a las comunidades.
Se reconoce el crecimiento del Sur de México, para fin de año se inaugurará el proyecto más ambicioso del gobierno Federal en este territorio y se presume que beneficie a las comunidades originarias. Sin embargo, las comunidades cercanas parecen ser las más afectadas.
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