José C. Serrano Cuevas.
Las investigaciones sobre el crimen de Ayotzinapa y el posterior encubrimiento de sus perpetradores a través de la formulación de la verdad histórica, que el oficialismo de la época defendió -y continúa defendiendo- desde enero de 2015, arribó en las semanas recientes a un momento decisivo.
El segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, presidida por Alejandro Encinas Rodríguez, recalca que la llamada verdad histórica se construyó desde el gobierno federal. Dicha versión se construyó en Los Pinos, en la Zona Militar de Iguala y en la Procuraduría General de la República (PGR).
En la reunión de Los Pinos participaron nueve personas: el expresidente Enrique Peña Nieto; Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación; el general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional; el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, exsecretario de Marina; Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República; Aurelio Nuño Mayer, exjefe de la Oficina de la Presidencia; Eugenio Ímaz Gispert, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional; Jorge Hugo Ruiz Reynau, exencargado del despacho de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada, y Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal.
De acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, este grupo de funcionarios de alto nivel dieron el visto bueno a la verdad histórica. Los primeros borradores de esta versión se construyeron los días 7 y 8 de octubre de 2014, en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, Guerrero.
Desde hace meses existían ya filtraciones sobre este hecho, después de que Encinas Rodríguez se trasladó a Israel para entrevistar a Tomás Zerón, quien fue el primero en confirmar la existencia de la Junta de Autoridades. Un segundo testimonio, firmado por escrito, lo rindió Murillo Karam, quien siempre asumió la responsabilidad personal de la versión del crimen expuesta en el multicitado documento. Lo que nunca había dicho fue que el expresidente Peña Nieto había encabezado todos los trabajos.
Ilán Semo ha compartido una reflexión suya que plantea como pregunta; «¿Y no fue acaso esa junta, integrada de esa manera, la expresión esencial de lo que identifica al poder del Estado?» Tras la pegunta viene una afirmación contundente. «Hay grados de cinismo. Pero el que blandió la Presidencia de la República entre 2015 y 2018 alcanza, en sí mismo, como verdad raptada, el nivel de un crimen efectivamente de Estado».
Queda, por supuesto, la otra gran pregunta abierta: ¿Dónde están los estudiantes desaparecidos? Las líneas de investigación abordadas apuntan hacia el subsuelo del Ejército.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 12 de octubre, arremetió contra Karla Quintana Osuna, extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a quien acusó de haber tergiversado la cifra de desapariciones que se han registrado durante su sexenio.
Tras varias semanas de la renuncia de Quintana Osuna, el mandatario federal aseguró que hay muchas personas íntegras y con convicciones que pueden sustituirla. El presidente aprovechó la ocasión para expresar: «Yo, personalmente estoy conduciendo la investigación de caso Ayotzinapa».
Ya que el tabasqueño se autoasignó esa titánica tarea, bien haría en ponerse de acuerdo con el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, para que éste encabece las diligencias necesarias con el fin de que los integrantes de la Junta de Autoridades, comparezcan en calidad de presentados ante el Ministerio Público. Si, entre ellos hay algunos pájaros de cuenta, existen suficientes jaulas para hospedarlos.
