- El propósito fundamental es crear las condiciones que permitan implantar en México una dictadura.
- El ministro sustituto será un incondicional del presidente, no por un año, sino por 15 años a partir del 2024.
Pascacio Taboada Cortina.
La renuncia del ministro Arturo Zaldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se ha convertido en una ola de comentarios que implican una verdadera traición al Poder Judicial Federal en primera instancia –por no respetar la división de poderes—hasta contubernio con el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
El propósito fundamental de la dimisión del ministro a la Corte, consiste en crear las condiciones que permitan implantar en México una dictadura en el próximo gobierno que, desde ahora mismo, el Ejecutivo da los primeros pasos con el rechazo de la mayoría de los mexicanos. Por supuesto, menos tres, que son los involucrados: el Presidente, el ministro renunciante y el (o la) entrante, para lo cual el Presidente ha señalado una terna de mujeres, absolutamente incondicionales a su gobierno.
Se supone que cada uno de los once ministros que integran la Suprema Corte (SCJN), debe permanecer en el puesto un período ininterrumpido de 15 años. Sin embargo, por alguna enfermedad o incapacidad física o mental, es posible la renuncia al cargo de ministro sin haber cumplido ese tiempo. En el caso de Zaldívar, no existen esos motivos, de manera que los 15 años que marca el Reglamento de la SCJN, para él, se cumplen el 24 de noviembre de 2024.
Así las cosas, el ministro Zaldívar, muy espléndido, le permite al presidente López Obrador, el tiempo suficiente para que nombre, a través de una terna, a un nuevo ministro o ministra, para suplirlo, pero no por un año, sino por 15 años a partir del 2024, de manera que, el mandatario, podría tener en la Corte a un ministro aliado para efectos de intromisión en asuntos propios de la Corte, como lo ha venido haciendo en diversas ocasiones en su gestión, con la flagrante violación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, provocando que, al menos una ministra, Jazmín Esquivel Mossa, ocupe el cargo señalado, sin ser abogada, requisito indispensable para ocupar ese alto cargo en la Suprema Corte.
Existen otros agravantes que afectan al ministro renunciante, derivados de su separación por voluntad propia, plasmados en la SCJN, referentes a que, en un periodo de dos años: no podrá ocupar puestos como fiscal federal, diputado estatal o federal, senador de la República, gobernador de una entidad federativa, y tampoco ocupar un puesto cuya gestión sea contraria o acusatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Han acontecido una serie de hechos irrefutables que, hasta parece que el ministro Zaldívar desea retar a sus críticos y a juristas especializados. Con muy poca vergüenza para un personaje de su rango, al anunciar públicamente que renunciaba a la Suprema Corte, como Ministro, habiendo sido Presidente de la propia institución.
Por escrito en su renuncia puntualizó “que no había más a qué aspirar”, y dejó constancia de “desprecio y aburrimiento” haber ocupado el puesto de ministro por 14 años muy bien pagados. Afirmamos nosotros que, “más allá de lo que hubiera esperado un servidor público que, a pesar de devengar un alto sueldo, fue compensado con ingresos por arriba de lo que merecía un traidor beneficiado por un partido político, ahora “se vende por tortillas duras” a otro partido que aspira a promover una dictadura en México.
Otro hecho lamentable, es que, en muy poco tiempo, una vez que Zaldívar acordó su “cambio de estafeta” a López Obrador, fue a presentar sus “cartas credenciales” a la candidata a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum”, quien le ofreció sumarse al partido MORENA “en un proyecto político para la defensa de la Cuarta Transformación y de los que menos tienen”.
El 15 de noviembre recién pasado, muy rápido para iniciar el proceso logístico en cuanto a la designación de tres nombres de mujeres que simplemente cubren el requisito de contar con título de abogadas (esto es necesario tenerlo muy presente, por el antecedente de Jazmín Esquivel, que no es abogada, pero sigue siendo ministra de la Suprema Corte).
La susodicha terna de abogadas –sin demostrar su título todavía—son muy cercanas y empleadas en diversas dependencias federales: Lenia Batres Guadarrama, para empezar, es hermana del actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Otra más, es Bertha María Alcalde Luján, actual directora de Operación Sanitaria en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), de la Secretaría de Salud. Además, es hermana de la secretaria de Gobernación, de nombre Luisa María Alcalde Luján.
La tercera aspirante a ser ministra de la Suprema Corte, es María Estela Ríos González, quien fungió como consejera jurídica de AMLO, cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Actualmente es consejera jurídica del Ejecutivo. En esta área trabaja Lenia Batres Guadarrama, como su subordinada.
Es de señalar que las tres mujeres propuestas en la terna para sustituir a Arturo Zaldívar, gozan del privilegio de ser fundadoras del Movimiento de Reconstrucción Nacional (MORENA), por si existiera alguna duda de la incondicionalidad y cercanía con el señor presidente.
