Abigail A. Correa Cisneros.
La estrategia para descalificar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se dirige ahora contra el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar. Sin pruebas que sustenten, el exministro es acusado de desvío de recursos, falta de imparcialidad y profesionalismo; enriquecimiento oculto; cohecho y abuso de funciones. La presidenta de la SCJN, Norma Piña, ordenó una investigación que a todas luces se trata de una campaña de desprestigio contra el proyecto de la 4T, que podría continuarse con Claudia Sheinbaum.
Sin descaro, la titular de la SCJN beneficia intereses políticos y económicos de los detractores del presidente López Obrador. Ahora impulsa la investigación de una denuncia anónima en contra de Zaldívar por presionar a magistrados y jueces para emitir sentencias de acuerdo con sus intereses, involucra también a Carlos Alpízar, quien era secretario general de Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y al exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra, señalados por “alguien” ahora tienen que rendir cuentas a un tribunal que actualmente se rige por intereses políticos y económicos.
Solamente recordar que Norma Piña fue colocada en la SCJN por el PRI, específicamente por el expresidente Enrique Peña Nieto y desde que es presidenta, por ejemplo, quedó en libertad el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, principal implicado en México en la trama de corrupción de la brasileña Odebrecht, quien sigue su proceso judicial, recientemente presentó una demanda de garantías ante el Primer Tribunal Colegiado en Apelación y ahora un tribunal federal suspendió temporalmente su audiencia intermedia, que estaba programada para el 8 de mayo y en la cual la Fiscalía General de la República (FGR) tiene como objetivo acusar de manera formal al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En cuanto a la investigación en contra de Arturo Zaldívar, hoy asesor jurídico de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, y otros 61 funcionarios y exfuncionarios del Poder Judicial Federal, es irrisorio que se tome en cuenta una denuncia que no tiene sustento ni alguien que señale de manera directa. La orden de investigación se basa en un «escrito presentado de manera anónima».
La investigación se centra en fallos judiciales a favor de la 4T: la cancelación del aeropuerto de Texcoco, los permisos para el aeropuerto en Santa Lucia-AIFA, las autorizaciones para el Tren Maya y la prisión otorgada a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, entre otras cosas. Parece venganza por el recorte que les hicieron a los de la SCJN en su presupuesto para este año, se les quitó lujos injustificados hasta por 20 mil millones de pesos.
