Los asesores legales de las distintas fracciones parlamentarias del Congreso del Estado deben aplicarse y poner mayor atención para que ya no vuelvan a quedar en evidencia. Es necesario que la diputada presidenta, Luz Elena Morales Núñez, así como los siete titulares de los grupos legislativos, estén más en contacto con sus consultivos y no aprueben leyes al “vapor”.
Lo anterior porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó las leyes de 17 municipios de Coahuila aprobadas por el Palacio Legislativo local en 2023 y aplicables en 2024, que contienen errores de impuestos y multas que no les corresponden a los municipios.
Los legisladores priistas, morenistas, panistas, perredistas, udecistas, petistas, así como ecologistas, como Carlos Robles Loustaunau, Magaly Hernández Aguirre, Gerardo Aguado Aguirre, Beatriz Fraustro Dávila, Norma García Mariscal, Antonio Flores Guerra y Jorge Valdés Flores, son los diputados que deben estar más atentos y desquitar sus sueldos.
Y no era para menos si el Pleno hizo un exhorto al Congreso de Coahuila, para que en el futuro se abstenga de emitir normas que presenten los mismos vicios de inconstitucionalidad. Y que los efectos de la resolución se surtirán a la notificación que deberá efectuarse a los municipios involucrados.
Por lo pronto, Torreón, Monclova, Piedras Negras, Frontera, Ramos Arizpe, Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuente, Matamoros, Villa Unión, Guerrero, Ramos Arizpe, Nadadores, Hidalgo, Jiménez, Cuatro Ciénegas, General Cepeda y San Buenaventura, ya no podrán seguir violando disposiciones de sus leyes de ingresos, para el ejercicio fiscal de este año, según la sentencia que aparece en el comunicado 331/2024.
El fallo emitido por los ministros de la SCJN indica que los 17 municipios violaban los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad tributarias, gratuidad al acceso de información, así como el derecho de reunión.
La sentencia emitida obligó a alcaldes como Román Cepeda González, Mario Dávila Delgado, Norma Treviño Galindo, Roberto Piña Amaya, José María Morales Padilla, Humberto Villarreal Cortés, Fernando Orozco Lara y Pablo Salas Aguirre, entre otros, a revisar más el trabajo exhaustivo realizado por sus secretarios de Ayuntamiento y equipos jurídicos, sobre todo en el cobro de impuestos y multas que quieren aprobar en las sesiones de Cabildo de sus respectivos municipios.
Por ejemplo, en Ramos Arizpe, Parras de la Fuente, Guerrero y Zaragoza no podrán cobrar multas administrativas imprecisas en las disposiciones por faltas a la moral y buenas costumbres, corregir con escándalo a los hijos o pupilos en lugar público, vejar o maltratar en la misma forma a los ascendientes, cónyuge o concubina, |dirigirse a una persona con frases o ademanes groseros, asediarle o impedir su libertad de acción.
Igualmente, por molestar a personas con señas, palabras o actitudes de carácter obsceno o con llamadas telefónicas, formar parte de grupos que causen molestias en lugares públicos o en la proximidad de domicilios.
Las referidas disposiciones resultaban ambiguas y violatorias del principio de seguridad jurídica, porque implicaban dotar a las autoridades administrativas de un amplio margen de apreciación para determinar los actos que pudieran ubicarse en esos supuestos.
Sobresale también que la sentencia invalidó la expedición de copias certificadas no relacionadas con el derecho de acceso a información pública, que efectuaban en la frontera de Piedras Negras y el Ayuntamiento de Torreón. Los preceptos violaban el principio de proporcionalidad tributaria, al no guardar una relación razonable con el costo de los materiales necesarios para la prestación del servicio.
Este es el llamado fuerte que hizo la SCJN al Congreso del Estado y a más de la mitad de los municipios en la entidad en el décimo mes del año. No se descarta que el Pleno dicte otros fallos más a Coahuila antes de que concluya el 2024.
