Saltillo necesita una transformación profunda en su sistema de transporte público. Y el alcalde Javier Díaz González ha decidido tomar el reto con seriedad y no sacarle al tema como lo demostraron otros exjefes de comunas.
Dignificar el servicio y ampliar su cobertura es plausible, sólo que el camino hacia un transporte más eficiente no puede, ni debe, pavimentarse con decisiones que contradicen esa voluntad de mejora.
La decisión otorgada a DM Control, empresa ligada al empresario José Musa de León, representa una contradicción que la ciudadanía no debe pasar por alto.
No solo se trata de una firma con un historial cuestionable en cuanto a seguridad vial algo que muchos automovilistas locales pueden confirmar, sino que además está dirigida por un personaje cuya trayectoria empresarial ha estado plagada de irregularidades legales, éticas y ambientales.
Musa de León, cuya principal carta de presentación ha sido su incursión en el negocio de la construcción, es responsable de desarrollos como Los Pinos, un fraccionamiento edificado violando la normatividad federal que protege los márgenes de arroyos. En lugar de respetar estas disposiciones, se construyó una calle que bordea el cauce, poniendo en riesgo vidas humanas.
Esto no es una advertencia sin fundamento: ya se registraron accidentes fatales e incluso derrumbes que obligaron a clausurar vías en otras zonas donde ha intervenido.
Pero la lista de “travesuras” no termina ahí. Musa también incurrió en fraude contra la Comisión Nacional del Agua, al registrar un permiso para uso agrícola que en la práctica sirve para abastecer de agua (500 mil metros cúbicos al año) a un fraccionamiento habitacional, con la que hace negocio Musa, al venderle el vital líquido a los vecinos.
Una cantidad de agua equivalente a la que extrae una planta de Arca Continental (Coca-Cola), pero utilizada en beneficio privado y bajo un permiso que falsea su uso real.
A pesar de estos antecedentes, esta misma figura fue favorecida por la administración de Díaz González con un contrato millonario de 143.6 millones de pesos para operar las rutas troncales del nuevo sistema de transporte. En Ramos Arizpe ya había sido beneficiado con un esquema similar, por el cual el municipio pagará 50 millones de pesos en tres años.
No se puede combatir el rezago en el transporte urbano aliados a un empresario poco confiable que a un compromiso ciudadano, porque lo barato, o en este caso lo “gratuito”, puede salir muy caro.
