Desde que el 9 de octubre de 2024, Karla Samperio Flores asumió la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción en Coahuila, el silencio ha sido su estrategia.
Ni posicionamientos, ni resultados. La panista parece más interesada en evitar las cámaras que en enfrentar el rezago y la desconfianza que heredó de su antecesor, Jesús Homero Flores Mier, quien hoy es magistrado en el Tribunal Superior del Estado por los próximos nueve años.
La llegada de Samperio representaba, al menos en el discurso, la oportunidad de corregir el rumbo de una institución marcada por la simulación. Sin embargo, los hechos dicen otra cosa: la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila sigue siendo un cascarón institucional, sin dientes ni voluntad política.
Los datos son contundentes. De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado, dirigida por Manuel Ramírez Briones, de 395 denuncias presentadas entre 2017 y 2025 por hechos de corrupción, 214 fueron archivadas sin sanción alguna.
Más de la mitad de los casos simplemente recibieron el conocido “carpetazo”. Ningún funcionario ni ex servidor público ha enfrentado una sanción penal derivada de esas denuncias. Ninguno.
En total, la Auditoría ha documentado 476 denuncias a lo largo de los años ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción. El saldo es desolador: solo tres expedientes judicializados.
Mientras tanto, los informes anuales siguen exhibiendo millones de pesos en observaciones por desvíos, compras irregulares y gastos sin justificar. La impunidad se ha convertido en la regla, no en la excepción.
El argumento institucional es el mismo de siempre: que la sanción penal solo procede cuando hay plena responsabilidad del acusado. Pero la realidad es que las investigaciones nunca avanzan lo suficiente para alcanzar esa etapa.
Resulta ofensivo que, mientras la ciudadanía soporta un aparato burocrático opaco, los responsables de garantizar la rendición de cuentas sean premiados con cargos judiciales o con el silencio cómplice de quienes llegan a “relevarlos”. La Fiscalía Anticorrupción parece más un refugio de lealtades políticas que una institución de justicia.
A casi un año de haber asumido el cargo, Karla Samperio Flores tiene la oportunidad y la obligación de demostrar que no es parte de esa cadena de impunidad. Pero hasta hoy, su gestión no ha mostrado señales de independencia ni resultados concretos.
Coahuila no necesita más fiscales decorativos ni auditorías que terminan en papel mojado. Necesita instituciones que sancionen de verdad, no que administren el olvido. La corrupción no se combate con discursos ni con nombramientos estratégicos, sino con justicia efectiva.
