Desde hace varios meses, el nombre del coahuilense Ramón Eduardo Santos Elguezabal, alias “El Pato”, ha dejado de circular en redes sociales acompañado de lujos, viajes en jet privado y ostentación.
El saltillense, actual delegado estatal del sindicato minero de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Nuevo León, enfrenta hoy un escenario muy distinto, marcado por señalamientos, antecedentes y la captura de Edgar “N”, “El Limones”, presunto operador de una red de extorsión que habría tenido sometidos a productores de Gómez Palacio, Durango capital y otras regiones del norte del país.

Según denuncias públicas de ganaderos y agricultores, “El Limones” y otros dirigentes locales de la CATEM exigían cuotas a cambio de no afectar sus actividades productivas. Estas acusaciones fueron hechas en rueda de prensa en Torreón, donde los afectados afirmaron haber sido amenazados de manera directa.
Incluso, se difundieron audios en los que Armando Nassael Cobián, dirigente de la central obrera en Gómez Palacio, presuntamente intimida a productores de la región.
La situación cobró mayor relevancia tras conocerse que Edgar “N” contaba con nombramientos como integrante de la CATEM, firmados desde la dirigencia nacional que encabeza Pedro Haces Barba. Pese a ello, el líder sindical y diputado federal ha declarado no tener conocimiento de las actividades delictivas de quienes hoy son investigados, deslindándose de cualquier responsabilidad y trasladando el tema al terreno político.
El caso de Santos Elguezabal tampoco es menor. Información que obra desde hace más de 30 años en los archivos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, da cuenta de los antecedentes del hoy dirigente sindical, mientras que en junio pasado fue vinculado con una banda de presuntos extorsionadores desarticulada por la Policía de San Pedro Garza García, en Nuevo León. A partir de esos hechos, su bajo perfil contrasta con la vida de excesos que anteriormente exhibía.
Diversos sectores productivos señalan que la CATEM, lejos de cumplir con su función de defensa laboral, se ha convertido en una herramienta de presión y control, operando al amparo del poder político.
La cercanía de su dirigente nacional con Morena, principalmente con Ricardo Monreal, y su papel como aliado del proyecto sindical impulsado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ha generado cuestionamientos sobre la protección política que podrían estar recibiendo sus cuadros.
En su momento, el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, habló sobre la posible relación entre la CATEM y “El Limones”, exponiendo que hasta el momento no se ha encontrado un vínculo directo. No obstante, los denunciantes insisten en que las investigaciones deben profundizarse y no desviarse por intereses partidistas.
El temor entre productores, es que este caso se convierta en uno más donde la impunidad prevalece. Analistas advierten que el partido en el poder busca evitar un “efecto dominó” que exponga redes más amplias de complicidad entre actores políticos, sindicales y criminales.
Mientras tanto, las denuncias están sobre la mesa. Las pruebas, los testimonios y los antecedentes existen. Falta saber si la justicia avanzará sin distingos o si, una vez más, el poder político terminará por imponer el silencio.




























