Los informes ya están sobre la mesa. Los montos están documentados. Los municipios están señalados. Ahora la pregunta es inevitable: ¿habrá consecuencias o, una vez más, todo quedará en el archivo de la impunidad?
La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Coahuila ha hecho pública la fiscalización de la cuenta pública 2024 y de los primeros dos trimestres del año. El resultado es alarmante: millones de pesos en inconsistencias financieras que exhiben una preocupante falta de control, transparencia y legalidad en el manejo del dinero público por parte de varios ayuntamientos.
Torreón encabeza la lista con 151.5 millones de pesos observados, una cifra que por sí sola debería detonar acciones inmediatas. Le siguen Múzquiz, Viesca, San Juan de Sabinas y Zaragoza, municipios que en conjunto acumulan decenas de millones de pesos sin comprobar, mal documentados o ejercidos en contravención de la ley.
Las irregularidades no son menores ni técnicas: falta de comprobación de gastos, incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, contratación deficiente de servicios y posibles desvíos de recursos. Es decir, dinero que debía traducirse en obras, servicios y bienestar para la ciudadanía, pero que hoy no tiene explicación clara.
Ante este panorama, resulta inevitable señalar la responsabilidad directa del auditor superior del Estado, Manuel Rodríguez Briones, y de la fiscal anticorrupción, Karla Samperio Flores. Ambos funcionarios perciben sueldos elevados con una encomienda clara: combatir la corrupción y garantizar que quien abuse del erario enfrente consecuencias reales.
No basta con publicar informes ni con enlistar montos observados. La sociedad exige que esos cargos “desquiten” el salario que reciben y actúen con firmeza, sin distinciones políticas ni cálculos electorales. El caso de Múzquiz, donde las anomalías corresponden a la gestión de Tania Flores, hoy procesada por ejercicio abusivo de funciones, demuestra que sí es posible avanzar cuando hay voluntad.
La ley concede a los municipios un plazo para solventar observaciones, y ese derecho debe respetarse. Sin embargo, también establece una obligación clara: si no se justifica el uso del dinero público, la ASE debe dar vista a la Fiscalía Anticorrupción. No hacerlo sería traicionar el principio de rendición de cuentas y enviar un mensaje devastador a la ciudadanía: que robar sigue siendo rentable.
Coahuila no necesita más auditorías que duerman el sueño de los justos ni expedientes que se empolven en los escritorios. Necesita sanciones ejemplares, recuperación de recursos y funcionarios que entiendan que el poder público no es un botín.
La corrupción municipal no es solo un problema administrativo; es una agresión directa contra la gente. Y mientras no haya castigo, la desconfianza seguirá creciendo y la impunidad seguirá gobernando.
