Hay cifras que no necesitan adjetivos para resultar preocupantes. En Coahuila, de 381 denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado que encabeza Manuel Ramírez Briones, por presuntas irregularidades detectadas en las cuentas públicas de 2013 a 2023, solamente seis han llegado ante un juez, es decir, apenas el 1.7 por ciento. Mientras tanto, 216 expedientes terminaron con una determinación de no ejercicio de la acción penal y otros 159 permanecen en investigación.
El dato no demuestra por sí mismo que las 375 denuncias que no llegaron a juicio hayan sido casos de corrupción que quedaron impunes; jurídicamente, cada expediente tiene sus propias razones y etapas, y una denuncia no equivale a una sentencia. Pero sí plantea una pregunta que las instituciones están obligadas a responder: ¿Qué está ocurriendo entre el momento en que se detecta una presunta irregularidad y el momento en que un juez determina si existe responsabilidad?
Porque fiscalizar y denunciar es apenas una parte del combate a la corrupción. La otra parte la que interesa particularmente a los ciudadanos es saber qué pasó después.
La información presentada por la ASE resulta incómoda: más de la mitad de los expedientes reportados, 56.6 por ciento, concluyeron con el no ejercicio de la acción penal; otro 41.7 por ciento continúa en carpetas de investigación. Solo seis cruzaron la puerta del Poder Judicial.
Y mientras los expedientes permanecen en archivos, investigaciones y procedimientos que pueden prolongarse durante años, también permanece una sensación inevitable de incertidumbre para el ciudadano: ¿Quién responde cuando el dinero público es observado?
La rendición de cuentas no puede convertirse en una carrera de obstáculos, donde las instituciones se pasan los expedientes unas a otras hasta que el tiempo termine por diluir el interés público.
Hay que decirlo con claridad: una observación de la ASE no convierte automáticamente a un funcionario en delincuente. Pero tampoco debería ocurrir que una denuncia presentada por el órgano fiscalizador se convierta en el punto final de la historia. La sociedad merece conocer, expediente por expediente, cuáles fueron las razones jurídicas para desechar una acusación, cuáles continúan bajo investigación y cuáles llegaron finalmente ante un juez.
Los seis casos judicializados incluidos en el reporte involucran, entre otros, expedientes relacionados con los municipios de Sabinas, Acuña, Sacramento, Frontera y Múzquiz, además de un caso vinculado con la Sección 5 del SNTE. En algunos hubo acuerdos reparatorios y otros permanecen en distintas etapas procesales. El problema de fondo no es solamente el número 381. Es el contraste entre cientos de denuncias y apenas seis judicializaciones.
La corrupción no se combate únicamente con auditorías, comunicados y denuncias. Se combate cuando las investigaciones concluyen, cuando las autoridades explican sus determinaciones y, cuando corresponde, cuando los responsables son llevados ante la justicia.
