Samuel Cepeda Tovar.
La razón principal en el tema de la regularización de los llamados autos “chocolate” o faltos de registro legalmente hablando, no es social ni económica, mucho menos política; sino de seguridad pública. Al menos según lo señalado por el gobierno federal que busca disminuir los delitos vinculados al uso de este tipo de vehículos irregulares, particularmente en el norte del país.
El tema desde luego toma una connotación social, porque a este tipo de vehículos generalmente acceden personas que no cuentan con recursos o historial crediticio como para acceder a un vehículo de agencia, pues el costo es mucho menor y representan en la actualidad 40 automotores por cada 100 habitantes, aproximadamente 18 millones de vehículos que desde luego dejan de aportar impuestos al ser irregulares y alimentan las arcas de organizaciones que se han beneficiado con esta situación como lo son Onappafa, UCD o Fedepafa.
Por ello la iniciativa presidencial que se pretende firmar este fin de semana ha desatado posiciones a favor y en contra sobre el complejo tema de los autos irregulares. La iniciativa es bienvenida porque se trata de frenar los crímenes que se cometen en este tipo de vehículos que a falta de registro resulta imposible rastrear a los responsables de los crímenes, por ello se pretende elaborar un registro preciso de este tipo de autos para poder deslindar responsabilidades en caso de accidentes o uso indebido de estos automóviles.
Otro aspecto positivo sin duda alguna es acabar con el negocio que las organizaciones que se dedican a entregar engomados a este tipo de vehículos han estado haciendo en detrimento de la hacienda pública, pues tan solo Onappafa se ha embolsado más de tres mil millones de pesos en ganancias por el supuesto “plaqueo” que ha sido tolerado por el gobierno federal desde hace casi 30 años; sin duda todo un negociazo.
Finalmente, en cuanto a lo positivo, esta regularización tendrá un costo, justo según el presidente AMLO, y dichos recursos (aproximadamente 50 mil millones de pesos) serán destinados a los mismos Estados para que los inviertan en beneficio de los ciudadanos.
Por su parte, los detractores de la medida señalan acertadamente que suelen ser importados en malas condiciones para disminuir costos, lo cual significa que por las calles circulan vehículos inseguros para conductores y peatones al no garantizar estándares mínimos como frenos de seguridad ABS, bolsas de aire, sistemas de retención infantil, etc.; además, efectivamente, se incrementaría el contrabando de estos vehículos; además la AMDA calcula una caída del 39% en las ventas de vehículos y la posible pérdida de casi dos millones de empleados vinculados a la fabricación de autos y su comercio, además de que la recaudación del gobierno federal disminuirá en impuestos como IVA e ISR ante la disminución de las ventas y la pérdida de puestos laborales; finalmente, el consecuente aumento de las emisiones de CO2 al incrementar la importación de estos vehículos cuando el tránsito gradual de los vehículos es hacia los combustibles renovables como la energía eléctrica.
No es un tema para nada sencillo; hay aspectos positivos y negativos, sin embargo, es el gobierno en turno quien tomará la decisión y habrá de asumir las consecuencias de la medida. En lo personal, un gobierno desarrollado invierte más en transporte público de calidad, ecológico e incentiva el uso de otros medios de transporte, por ello pienso que la medida debería ir en ese sentido, sin embargo, las condiciones no son las apropiadas porque seguimos siendo un país en vías de desarrollo.
