Política aldeana.  En la impunidad el “hoyo financiero” de MARS

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 Los diputados federales y senadores de los diferentes partidos políticos registrados ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), de plano evaden hablar del “hoyo financiero” por 181 millones 780 mil 368 pesos que detectó la Auditoría Superior del Estado (ASE) en el último año de la administración (2023) del exgobernador y actual senador por la vía plurinominal, Miguel Ángel Riquelme Solís.

Ante la “desaparición” de estos recursos públicos, los que deben hablar se mantiene en silencio. Así es como el ex gobernador y ahora diputado, Rubén Moreira Valdez, el también diputado Jericó Abramo Masso, ambos del PRI, entre otros; y los senadores de Morena Cecilia Guadiana, Luis Fernando Salazar y Alfonso Cepeda Salas, al igual que los diputados locales morenistas, Alberto Hurtado y Antonio Attolini, son solo algunos que se mantienen callados sobre este asunto de corrupción gubernamental.

Pese a que no ha sido presentada ninguna papelería documentada, cuando está por concluir el plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar los pliegos de observaciones ante la ASE, ninguno de los políticos mencionados alza la voz para exigirle cuentas a Riquelme Solís, quien minimiza el informe financiero elaborado por el auditor superior, Manuel Ramírez Briones.

Según especialistas financieros del tema, los más de 180 millones de pesos equivale a siete veces los recursos que reciben organismos estatales encargados de la atención a grupos vulnerables, como la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas o la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, las cuales ejercen un presupuesto de poco más de 24 millones de pesos anualmente cada una.

Un informe del Congreso de Coahuila que lidera la presidenta de la Junta de Gobierno, Luz Elena Morales, señala que el Presupuesto de Egresos 2025 aprobado, destinó a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas una partida de 24 millones 77 mil 187 pesos, mientras que a la Comisión de Búsqueda se asignaron 24 millones 997 mil 546 pesos.

Por obvias razones, los políticos priistas, morenistas, panistas, petistas y de Movimiento Ciudadano, omiten opinar de la Auditoría número ASE-03891-2024 en donde están asentadas las 271 observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de 84 millones 319 mil 223 pesos.

Por si fuera poco lo anterior, el resultado del ejercicio identificado como ASE-14656-2023, se desprendieron 144 observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de 55 millones 805 mil 462 pesos.

 Además, en la auditoría específica sobre Inversión y Obra Pública, se desprendieron 24 observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de 41 millones 655 mil 682 pesos.

 La Auditoria Superior del Estado encontró violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila, cuentas de cheques que no coinciden con lo informado en la Cuenta Pública, falta de comprobación de erogaciones y deficiencias en la inspección de obras, entre otras irregularidades.

 El órgano fiscalizador indicó que, una vez concluidas las visitas domiciliarias y/o las revisiones de gabinete, se formuló y notificó a las entidades correspondientes los pliegos de observaciones derivados de la revisión de las cuentas públicas, en los cuales se cuantificó el importe de las observaciones detectadas.

 El órgano autónomo apuntó que en los tiempos procesales correspondientes, por conducto de la Dirección de Investigación, iniciarán, en su caso, los procedimientos a que haya lugar en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 Los coahuilenses deben exigir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila, Yolanda Guadalupe Montes Martínez, Juan Carlos Guzmán Escobedo, Karla Ivonne Natividad, Carlos Antonio Franco Flores y Diana Marisol Flores Rivera, actuar y demandar a las autoridades competentes resolver el “hoyo financiero” detectado por la ASE en contra del exgobernador Miguel Ángel Riquelme.