En Torreón, un terreno que podría ser el corazón de un corredor recreativo consolidado, propiedad de la Sección 38 del SNTE, fue vendido por apenas el 10% de su valor real, en una operación que huele a complicidad entre autoridades y particulares. Lo que valía 174 millones de pesos, terminó en manos del Grupo Residencial Leal por 18 millones, dejando al descubierto una serie de irregularidades que no pueden pasarse por alto, denunciaron profesores laguneros.
El proceso, iniciado en junio de 2025, contó con la autorización de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano y fue avalado por la Notaría 99, a pesar de los claros vicios documentales y la evidente confusión de figuras jurídicas: un organismo descentralizado del gobierno estatal, controlado por la misma dirigente sindical, Isela Licerio Luévano, vendió un terreno urbanizable que oficialmente era propiedad del estado.
La operación involucró además una maniobra catastral: el valor del predio se desplomó de 80.4 a 13.4 millones de pesos, y el uso de suelo se redujo drásticamente, lo que permitió que el patrimonio magisterial cambiara de manos prácticamente por un precio simbólico.
Todo esto favoreció a la familia Flores Leal, ligada históricamente al poder económico y sindical en la Laguna, en lo que parece ser un patrón de consolidación de intereses privados a costa de los bienes públicos.
Mientras terrenos vecinos se cotizan en 345 millones por apenas 3 hectáreas, los docentes y trabajadores del sector educativo perdieron una oportunidad invaluable para fortalecer su patrimonio y servicios.
Esta operación no solo vulnera la legalidad, sino también la confianza de quienes depositan su fe en los sindicatos y las instituciones públicas.
Es momento que los profesores y profesoras coahuilenses alcen la voz y exijan transparencia, rendición de cuentas y justicia. Los bienes colectivos no son un cheque en blanco para favorecer a particulares; su manejo exige responsabilidad, ética y respeto irrestricto a la ley.
La impunidad no puede convertirse en norma, y la ciudadanía debe permanecer vigilante ante lo que parece ser otro capítulo de colusión entre intereses privados y figuras públicas.
