Un informe independiente estima que el costo de remediar el daño ambiental acumulado por décadas de actividad de Petróleos Mexicanos asciende a aproximadamente 532 mil millones de dólares, al considerar contaminación generada por pozos, ductos, plataformas, derrames y presas de desechos.
El documento, titulado “La deuda ambiental de Pemex” y elaborado por la ecotoxicóloga Diana Papoulias para organizaciones civiles, plantea que la cifra incluye el desmantelamiento de infraestructura petrolera, la limpieza de zonas contaminadas y la remediación de instalaciones terrestres y marinas, así como el impacto asociado a la contribución de la empresa al cambio climático.
El análisis dimensiona la presencia de la industria petrolera en el país, con decenas de miles de pozos distribuidos en más de 20 estados, miles de kilómetros de ductos y cientos de plataformas marinas, además de terminales, refinerías y complejos petroquímicos que, en conjunto, han generado impactos ambientales acumulativos.
Entre las principales fuentes de contaminación se identifican residuos de perforación, agua congénita con presencia de metales pesados, derrames en operaciones marinas y filtraciones provenientes de antiguas presas de desechos, que afectan suelos y mantos freáticos.
La estimación se construyó con base en solicitudes de información pública, reportes financieros de la empresa ante autoridades internacionales, mapas de infraestructura petrolera y registros periodísticos de incidentes, lo que, según el informe, permite dimensionar el alcance del deterioro ambiental.
En respuesta, Pemex indicó que no reconoce el monto señalado al no contar con información sobre la metodología utilizada. La empresa precisó que, en términos contables, sus provisiones ambientales se apegan a estándares internacionales como la NIC-37, y refirió que en su informe de sostenibilidad más reciente reporta recursos destinados a obligaciones ambientales y al taponamiento de pozos.
No obstante, el informe señala posibles discrepancias entre los datos oficiales y otras mediciones académicas y gubernamentales sobre la extensión de áreas contaminadas y el número de instalaciones pendientes de remediación, lo que ha generado cuestionamientos sobre la magnitud real del problema.
Especialistas advierten que la atención de estos pasivos ambientales podría representar tanto un reto financiero como una oportunidad para el desarrollo de capacidades técnicas y generación de empleo en procesos de restauración ecológica.
