Ciudad de México, 28 de abril de 2026.- La relación entre México y Estados Unidos atraviesa un nuevo episodio de tensión, en medio de señalamientos sobre investigaciones contra funcionarios mexicanos y la actuación de agencias estadounidenses en territorio nacional.
De acuerdo con información difundida por el diario Los Ángeles Times, el gobierno de Donald Trump habría iniciado una estrategia orientada a indagar y sancionar a políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, lo que incluiría la preparación de denuncias penales en tribunales de ese país contra integrantes de Morena.
Según los reportes, estas acciones no se limitarían a la cancelación de visas, medida que ya habría alcanzado a decenas de funcionarios, sino que podrían escalar a procesos judiciales formales. Entre los nombres mencionados se encuentran el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el político Adán Augusto López, aunque no existe confirmación oficial en todos los casos.
En paralelo, se reportó la presencia de agentes de la CIA en México, lo que reavivó el debate sobre soberanía y cooperación bilateral, especialmente tras la muerte de dos de estos agentes el 19 de abril en Chihuahua.
Este hecho derivó en la renuncia del fiscal estatal y generó cuestionamientos sobre las condiciones en las que operaban, ya que el Gobierno mexicano señaló que ingresaron con distintos estatus migratorios y que no se notificó a autoridades federales sobre su participación en operativos.
Las tensiones aumentaron luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Robert Johnson, afirmara desde Sinaloa la necesidad de “certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción” para las inversiones, y advirtiera que podrían presentarse acciones relevantes en el corto plazo.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que su gobierno combate la corrupción y subrayó que cualquier señalamiento debe estar respaldado por pruebas. Indicó además que no se encubrirá a ningún funcionario si existen evidencias, y señaló que también deben revisarse casos dentro de Estados Unidos.
Este escenario se presenta a poco más de un mes del inicio de las negociaciones para la renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), considerado prioritario por el gobierno mexicano para mantener la estabilidad económica.
En el ámbito interno, el caso también generó repercusiones políticas, ya que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, deberá comparecer ante el Senado por los hechos relacionados con los agentes fallecidos.
El conjunto de estos factores ha colocado nuevamente en el centro de la agenda bilateral temas como la corrupción, la seguridad y los límites de la cooperación entre ambos países.
