Jorge Arturo Estrada García.
“Libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír.”
George Orwell.
«Goza de hablar del socialismo ahora,
porque cuando lo tengas tu opinión ya no importará”.
Gary Kasparov.
El movimiento se desgasta. El gobierno naufraga. La cuarta transformación se convierte en sinónimo de corrupción. Siete años bastaron para que se disolviera su pátina de “Superioridad moral”. Son ya demasiados escándalos de corrupción y el gobierno estadounidense está enfocado en varios personajes morenistas, destapando cloacas. Por lo pronto el T-MEC está en suspenso. No ha sido renovado y será supervisado anualmente. Los pecados morenistas, y sus posiciones ideológicas radicales, nos colocaron en un escenario de relaciones tensas, y riesgosas, con los vecinos del norte. Sembraron vientos y cosechan tempestades.
En la actualidad, el gobierno federal se percibe cercado por el aparato de justicia de su principal socio comercial y con una gobernabilidad interna que se erosiona. La estrategia de “resistencia» del gobierno parece subestimar las consecuencias definitivas del reloj de Washington. Atrapado entre la retórica de soberanía y una realidad de infiltración criminal, el país enfrenta el riesgo inminente. La propia 4T está alarmada. Desde el Zócalo hasta Palenque. La estabilidad del país está severamente dañada.
El presidente, Donald Trump, hizo un movimiento estratégico, que pone en jaque al Palacio Nacional. La llegada de Jay Clayton, como nuevo Director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, representa la institucionalización de la persecución judicial estadounidense contra la corrupción política ligada a la delincuencia organizada en México, utilizando una montaña de evidencia acumulada durante décadas para forzar un cambio de conducta en el sistema político mexicano.
Clayton coordina las 18 agencias de inteligencia de su país, incluyendo la CIA, DEA, FBI y algunas agencias militares. Esto le otorga facultades enormes para aplicar su profundo conocimiento sobre la infiltración del crimen organizado en el Estado mexicano. Lo cual complica los escenarios del obradorismo,
Este funcionario, Clayton, no es un recién llegado, es un experto en asuntos mexicanos. Él, como ex fiscal del Distrito Sur de Nueva York, encabezó durante años las investigaciones contra políticos mexicanos. Bajo su gestión, se estima que existen entre 200 y 236 expedientes cerrados y armados contra funcionarios de diversos niveles, listos para ser judicializados por el Departamento de Justicia. Sólo esperan instrucciones de la oficina Oval.
De esta forma, su nombramiento complica los intentos del gobierno mexicano por minimizar las acusaciones. Mientras el gobierno de México intenta proteger a figuras señaladas, la narrativa de Clayton y otras agencias como la DEA posiciona al gobierno y a los cárteles como «una y la misma cosa”. La confianza en la cooperación bilateral ya está muy deteriorada.
Asimismo, el sector energético es el epicentro del mayor escándalo de corrupción gubernamental reciente: con el «huachicol fiscal”. Una trama que consiste en una red de contrabando de combustibles que generó pérdidas de 600,000 millones de pesos durante el último sexenio. El Departamento del Tesoro estadounidense, sostiene que estas ganancias ilícitas financiaron campañas políticas para colocar a funcionarios serviles a la delincuencia. A esto se suma la alarmante desaparición de 100,000 barriles diarios de petróleo crudo de las cuentas de Pemex, un volumen valorado en 1,200 millones de dólares que los expertos vinculan a un robo a gran escala para exportación ilegal hacia refinerías en el sur de Texas.
A nivel político interno, la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, acusado de participar en esta red de huachicol, ha sido calificada por la oposición y analistas como una «cortina de humo» y un acto de justicia selectiva. Mientras Ruffo permanece en el penal de Almoloya, enfrentando el proceso, el gobierno de Sheinbaum utiliza el caso para desprestigiar a la débil oposición antes de las elecciones de 2027. Estas maniobras pretenden equilibrar el impacto mediático de las investigaciones estadounidenses contra morenistas.
Simultáneamente, la incertidumbre jurídica generada con “los jueces del acordeón”, sumada al avance de una posible «Ley Mordaza» que busca regular los contenidos en radio y televisión, ha generado alarmas significativas entre inversionistas. El temor a una «venezualización» de la vida política mexicana está provocando una reticencia estructural de los capitales nacionales y extranjeros
Entonces, es evidente, señalan los especialistas, que Jay Clayton fue designado en su nuevo cargo para cumplir los planes de Trump de evidenciar la corrupción política ligada a la delincuencia en México, utilizando una montaña de pruebas acumuladas durante décadas, para intentar forzar un cambio de actitud del obradorismo, que le está entorpeciendo la conquista de medallas para las elecciones de noviembre en el vecino país. La tormenta arrecia. Veremos.
