El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, entre las personas sancionadas por presuntos vínculos con una estructura del Cártel de Sinaloa que opera en Baja California.
La medida fue anunciada el 29 de septiembre de 2026 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que designó a 21 personas y 25 empresas dentro de una operación dirigida contra redes de liderazgo, corrupción y financiamiento relacionadas con la facción de Los Mayos encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Torres Torres es identificado como un operador político vinculado con el Cártel de Sinaloa y como aliado de Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, a quien las autoridades estadounidenses ubican como dirigente de Los Rusos, una subfacción de Los Mayos con presencia en Mexicali.
La dependencia estadounidense sostiene que Carlos Torres habría utilizado su influencia política para facilitar actividades del grupo criminal y protegerlo de intervenciones de autoridades gubernamentales y corporaciones de seguridad en Baja California. También lo señala por presuntamente haber recibido pagos mensuales relacionados con este esquema.
El Departamento del Tesoro incluyó en la misma acción a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos. Según la acusación estadounidense, Luis Torres habría participado en la recepción de recursos provenientes de sobornos y en su presunto lavado mediante empresas y campañas políticas.
Otro de los señalados es Pedro Ariel Mendívil García, quien fue director de Seguridad Pública Municipal de Mexicali. OFAC sostiene que Mendívil mantenía una alianza con “El Ruso” y que habría recibido sobornos a cambio de facilitar el control de la Policía Municipal de Mexicali por parte del grupo criminal.
Las acusaciones forman parte de los argumentos utilizados por el gobierno estadounidense para imponer las sanciones y no constituyen por sí mismas una sentencia penal. Las designaciones fueron realizadas bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, mediante las cuales Estados Unidos puede bloquear bienes y restringir operaciones financieras de personas consideradas vinculadas con actividades relacionadas con el narcotráfico y el financiamiento de organizaciones criminales.
Entre los principales objetivos de la operación también se encuentra Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, a quien el Departamento del Tesoro identifica como líder de Los Mayos. La acción alcanzó además a operadores, presuntos lavadores de dinero y empresas que, según OFAC, forman parte de las redes financieras y operativas relacionadas con esa facción del Cártel de Sinaloa.
En el caso de Carlos Torres, el gobierno estadounidense también hizo referencia a la revocación de su visa en mayo de 2025, medida que atribuyó entonces a sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y a actividades realizadas en favor de esa organización.
Tras conocerse las sanciones, Carlos Torres negó públicamente tener cualquier relación con organizaciones o actividades criminales dentro o fuera de México. De acuerdo con información publicada por La Jornada, el exfuncionario afirmó que rechaza los señalamientos realizados por el Departamento del Tesoro y manifestó su intención de aclarar el caso ante las autoridades correspondientes.
Por su parte, Marina del Pilar Ávila Olmeda se deslindó de los señalamientos contra su exesposo. La gobernadora señaló que actualmente están divorciados y que el vínculo que mantienen está relacionado con el bienestar de su hijo. La mandataria no fue incluida entre las personas sancionadas por OFAC.
La designación también tiene consecuencias financieras. Las sanciones de OFAC bloquean los bienes e intereses en bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses. Asimismo, se restringen determinadas operaciones con los sancionados dentro de la jurisdicción estadounidense.
En México, las medidas financieras derivadas de designaciones de OFAC pueden ser acompañadas por acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La dependencia ha explicado previamente que la incorporación a su Lista de Personas Bloqueadas tiene carácter preventivo y no equivale por sí misma a una determinación judicial de responsabilidad penal.
El caso coloca nuevamente a Baja California en el centro de una operación internacional dirigida contra las estructuras financieras y de corrupción que, según el Departamento del Tesoro estadounidense, permiten al Cártel de Sinaloa mantener operaciones en la región fronteriza.
