- La violencia en contra de la población en la marcha del 11 de octubre evidenció la distancia que hay entre el gobierno estatal y una ciudadanía que exige soluciones a la crisis del agua que afecta desde hace meses al Área Metropolitana de Guadalajara.
Abigail Angélica Correa Cisneros.
Luego de la represión por parte del gobierno de Jalisco contra manifestantes que exigían agua potable, el gobernador del estado, Pablo Lemus, reconoció el uso injustificado de la fuerza y se comprometió a limpiar el agua del Área Metropolitana de Guadalajara, que desde hace meses llega a las casas en estado insalubre, por no decir negra y fétida, lo que ha provocado afectaciones y enfermedades dermatológicas entre la población.
Está en tela de juicio el compromiso del gobernador porque una semana previa a la marcha pacífica, Lemus aseguró frente a estudiantes del ITESO que garantizaba que ningún manifestante sería reprimido, al final las redes sociales y medios de comunicación difundieron el abuso de autoridad de los uniformados, golpes a adultos mayores y niños que acudieron a exigir el cumplimiento de un derecho humano fundamental, el acceso al agua.
Esto tiene que ver con el señalamiento de un intento de privatizar el servicio que, desde gobiernos anteriores, se pretende llevar a cabo, favoreciendo a particulares, en este caso es la empresa estatal de Israel, Mekorot, misma que la propia Organización de las Naciones Unidas ha señalado como herramienta para dominar y controlar en Palestina, donde distribuye más del 80 por ciento del agua, organismos civiles la señalan por secuestrar y redistribuir discriminatoriamente el agua a la población palestina.
Se sabe que en 2013 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) suscribió acuerdos con Mekorot para la cooperación técnica en tecnologías del agua, administración de recursos hídricos y remediación de acuíferos. En documentos oficiales se señalan asesorías, intercambio tecnológico y estudios sobre acuíferos mexicanos. Pablo Lemus insiste en que el agua en Jalisco no será privatizada; sin embargo, lo que alerta a la sociedad es lo que sí ocurrió en Chihuahua, donde la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) tiene un acuerdo con MASHAV, agencia de cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, en el que se contempla la transferencia de conocimientos y tecnología para sistemas hídricos, riego, saneamiento y gestión del agua.
Al respecto, organizaciones civiles denunciaron este año que no hay documentos que muestren el registro ante la Secretaría de Relaciones Exteriores ni ante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, contraviniendo disposiciones de la Ley sobre la Celebración de Tratados.
Lo mínimo que espera la población es que el gobernador de Jalisco cumpla primero con sancionar a los policías que reprimieron a la gente. Los casi 40 detenidos en la marcha del 11 de octubre que ya fueron liberados declararon que fueron golpeados por los elementos de seguridad, incluso algunos tienen fracturas. Dos de los uniformados supuestamente ya son investigados por Asuntos Internos.
Lo siguiente, que solucione el problema del agua contaminada, porque las autoridades de Jalisco se han hecho de la vista gorda ante el problema pues tiene años expuesto, sólo que apenas en 2025 comenzó a ser más notoria la falta de mantenimiento en los acueductos, lo que favorecería la posible intervención de empresas privadas que pudieran determinar sobre la gestión del agua.
