El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que establece nuevas obligaciones para las plataformas digitales y los proveedores de servicios de internet, quienes podrían recibir multas de hasta 4 millones 692 mil 400 pesos por incumplir las disposiciones relacionadas con el retiro de contenidos que utilicen obras protegidas sin autorización.
La modificación, conocida públicamente como “Ley Antimemes”, fue aprobada el 3 de noviembre de 2026 con 72 votos a favor de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que 37 legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.
Con el aval del pleno, el dictamen fue enviado al Ejecutivo federal para continuar con el procedimiento correspondiente.
Nuevas obligaciones para plataformas digitales
Entre los principales cambios se encuentra la modificación del artículo 114 Octies y la incorporación del artículo 114 Nonies de la Ley Federal del Derecho de Autor.
Las disposiciones establecen que los proveedores de servicios de internet deberán contar con mecanismos para retirar, bloquear o inhabilitar el acceso a contenidos que utilicen obras protegidas sin el consentimiento de sus titulares, una vez que tengan conocimiento de una presunta infracción.
Las medidas abarcan materiales que incorporen fotografías, imágenes, grabaciones de voz, música, películas, obras literarias y producciones audiovisuales. También consideran contenidos modificados o generados mediante herramientas de inteligencia artificial cuando involucren derechos de terceros.
La reforma contempla además que las empresas establezcan políticas para suspender o cancelar las cuentas de usuarios que incurran reiteradamente en infracciones a los derechos de autor.
Multas millonarias por incumplimiento
Uno de los aspectos centrales de la reforma son las sanciones económicas para los proveedores de servicios de internet que incumplan las obligaciones establecidas en la legislación.
Las multas previstas van de 5 mil a 40 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes, con el valor vigente en 2026, a cantidades que van de 580 mil 550 pesos a 4 millones 692 mil 400 pesos.
La responsabilidad de los proveedores no será automática por cualquier publicación realizada por sus usuarios. La reforma establece supuestos específicos para atribuirles responsabilidad, entre ellos que contribuyan, induzcan o provoquen una infracción, tengan conocimiento de ella o puedan controlar la conducta del usuario y obtengan un beneficio financiero directamente relacionado con esa actividad.
Oposición advierte riesgos para la libertad de expresión
La aprobación generó cuestionamientos entre legisladores de oposición, quienes señalaron que las nuevas obligaciones podrían provocar restricciones a la libertad de expresión y afectar la circulación de contenidos en redes sociales.
Uno de los principales señalamientos es que las plataformas digitales podrían optar por retirar publicaciones de manera preventiva para evitar sanciones económicas, incluso cuando existan dudas sobre si realmente se cometió una infracción.
La senadora priista Carolina Viggiano defendió el derecho de los ciudadanos a utilizar el humor y la sátira como formas de expresión, mientras que el senador de Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda advirtió sobre el riesgo de que los mecanismos de retiro de contenidos puedan utilizarse de manera abusiva.
También se planteó la preocupación de que las medidas contra usuarios reincidentes puedan afectar a personas que comparten una misma conexión de internet, como ocurre en hogares donde varios integrantes utilizan el servicio para estudiar, trabajar o realizar actividades comerciales.
Morena sostiene que la reforma protege los derechos de autor
Por su parte, legisladores de Morena defendieron la modificación y rechazaron que su propósito sea prohibir los memes, las parodias o las publicaciones humorísticas.
La postura del oficialismo es que la reforma busca fortalecer la protección de la propiedad intelectual, combatir la piratería y establecer responsabilidades para las empresas que facilitan la distribución de material protegido sin autorización.
La presidenta Claudia Sheinbaum también había rechazado anteriormente que la iniciativa tuviera como objetivo prohibir los memes, al señalar que su finalidad es actualizar los mecanismos legales para proteger los derechos de autor.
El debate se concentra ahora en los alcances de las nuevas disposiciones y en la manera en que serán aplicadas. Aunque la legislación no establece una prohibición general para crear o compartir memes, sus mecanismos de retiro de contenidos y las sanciones a intermediarios tecnológicos han generado preocupación sobre sus posibles efectos en la libertad de expresión en internet.
La discusión también coloca en el centro la responsabilidad de las plataformas digitales frente a las publicaciones de sus usuarios y el equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual y el derecho a compartir información, crítica y contenidos satíricos.
