Abigail A. Correa Cisneros.
- Aprobada en el Congreso de Tabasco con mayoría de Morena.
- Criminaliza a los ciudadanos que estén en desacuerdo con cualquier gobierno. Los legisladores dicen que es para frenar extorsiones de sindicatos.
La hoy conocida como #LeyGarrote, impulsada por el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, condena a cualquiera que se quiera manifestar bloqueando avenidas o impidiendo obras que “beneficien a la comunidad”.
Es decir que tanto el Tren Maya como La Refinería van a como dé lugar, sin importar que uno que otro se oponga a su construcción por no ver con los mismos ojos que el gobierno los beneficios que prometen para las comunidades más pobres del estado.
El gobernador de Tabasco propone la inclusión de un nuevo tipo penal, denominado ”Impedimento de ejecución de trabajos u obras”. El artículo 196 Bis que se propone al respecto dice que impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privadas, se le impondrá una pena de prisión de entre seis y 13 años de cárcel.
“Las mismas penas se aplicarán a quien obstruya el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para la ejecución de trabajos u obras de las que hace mención el párrafo anterior”, complementa el artículo, además de referir que serán agravantes cometer la falta mencionada con violencia, y entre dos o más personas.
La ley supuestamente incentiva el desarrollo económico y contra la pobreza, “debido a que se busca asegurar la inversión privada en el Estado, fortaleciendo el arraigo de la industria nacional y extranjera, como un mecanismo que permitirá recuperar el buen vivir de las personas, mediante el acrecentamiento de mayores y mejores oportunidades de empleo”.
También refiere que “favorecerá la presencia de la entidad como atractivo turístico a nivel nacional e internacional”, ya que contribuirá a “la modernización de infraestructura y la realización de obras ya sean de carácter público o privado”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien varios todavía guardan resentimiento por el cierre de Reforma, cuando no estuvo conforme con los resultados electorales de 2006, dijo que tal ley no es más que para evitar sobornos, ¿exactamente a qué se refiere?, dijo en su conferencia que para evitar “el moche en el Gobierno”.
“Se está buscando corregir un vicio de que se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex para poder llevar a cabo un trabajo de Pemex o una compañía que trabajaba para Pemex. Se les extorsionaba, se les cobraba para dejar pasar, 500 mil pesos a la semana (…). Ojalá y el gobernador de Tabasco lo aclare, no es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos, que no se instaure el moche como forma de gobierno.”
La conocida en redes como #LeyGarrote sí va a reprimir libertades, es una versión que secunda las leyes impuestas por los gobiernos prianistas que siempre desatendieron a los más necesitados legislando a modo, y en este gobierno todavía se percibe este abandono, si no, ¿entonces cuál es la necesidad de amenazar con hasta 20 años de cárcel a quien no le guste cualquier iniciativa del gobierno morenista? El presidente asegura que la gente está contenta con la Refinería de Dos Bocas ya que llevará empleos, y que el Tren Maya sacará de la pobreza a las comunidades por donde pase, a pesar del riesgo de contaminación que implican ambos proyectos y de que muchos no están de acuerdo en que se lleven a cabo.
Sin embargo, este lunes fue aprobada dicha ley por el Congreso de Tabasco sin importar las protestas que se dieron dentro del salón de plenos del edificio legislativo, donde calificaron como “traidores” y “vendidos” a los legisladores, morenistas en su mayoría. Aunque dicen que habrá cambios, esta ley modifica los artículos 299, 306, 307 y 308; y la adhesión de los artículos 196 Bis y 308 Bis al Código Penal de Tabasco.
Fue la diputada del PRI, Ingrid Rosas Pantoja, quien criticó la iniciativa, y mucha experiencia tenemos con los representantes de este partido político que estuvo en el poder por más de siete décadas, y sus gobiernos reprimieron al pueblo con sangre. Ahora intentan hacer lo mismo en Tabasco y se abren las puertas para que otras entidades copien el modelo, que no es más que “inhibir el derecho de los ciudadanos de ejercer cualquier tipo de manifestación en contra del Gobierno federal, estatal, municipal o de cualquier otro ente público”, como lo dijo la diputada.
Los que critican la nueva ley dicen que el Presidente Andrés Manuel López Obrador seguramente se pronunciará en contra porque “él siempre reclamó el derecho a manifestarse”, ¿será?
Desde el Centro
Alonso Ancira, Emilio Lozoya, Manuel Collado, Carlos Romero Deschamps, y ahora Rosario Robles, están en la picota por presunta corrupción, entre otros delitos. El primero, empresario que sirvió a los fines de la política neoliberal aplicada en las últimas cuatro décadas, que dejó al país hecho un desastre: el crimen organizado, la violencia, la corrupción y los asesinatos contra periodistas y líderes ambientalistas creció como nunca. Pero ahora resulta que todos se dicen perseguidos del actual gobierno en el poder. Todos se dicen honestos íntegros, y esto me lleva a recordar aquella frase que dice: “los acusan de saqueadores, ladrones y corruptos no de p…”. Durante un seminario, representan- tes de la Unión Europea (UE) y México coincidieron en la necesidad de fortalecer el comercio entre ambas naciones, ya que, afirmaron, sus mercados son estratégicos y complementarios en una gran variedad de productos. Destacaron que en Europa existe una gran demanda de frutas tropicales, además de café y cacao, productos que en México son cultivados de manera abundante. Asimismo, comentaron que el bloque europeo es líder en la generación de alimentos de gran calidad, como vinos, quesos y aceites… A propósito de las consultas que se han puesto de moda, aunque México adoptó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el tratado internacional que reconoció el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, en 1990, en realidad ha consultado muy poco a los pueblos indígenas sobre las medidas que les afecten. Es verdad que en la última década lo ha hecho más, aunque no necesariamente bien, es decir, respetando los estándares internacionales sobre el tema. En realidad, de acuerdo con nuestras constituciones local y federal y con el derecho internacional, la conciencia de la identidad indígena deberá ser el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas, como el derecho a la consulta previa.
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